En la Cámara de Diputados, al menos cinco servidores públicos han sido denunciados por acoso sexual en el último año y medio, se advierte que cada uno ha agredido a por lo menos tres personas. En total, son 16 casos que continúan en investigación en la Contraloría Interna del órgano Legislativo.
En marzo del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó y publicó los Lineamientos del Comité para la Institucionalización de la Política de Igualdad y no Discriminación, y del Procedimiento para Prevenir y Atender Actos de Violencia, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
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Incluía la instalación de una Oficina de Atención a Denuncias, que tendría personal especializado enfocado en vigilar de manera inmediata y urgente a las denunciantes; así como atención médica y psicológica, pero ninguna de las dos figuras fueron creadas.
Tanto el Comité como la oficina no fueron conformadas, debido a que las instancias del órgano Legislativo, luego de una evaluación lo consideraron innecesario, señaló en entrevista para El Heraldo de México, Graciela Báez, secretaria general de la Cámara de Diputados, quien detalló que la Contraloría Interna y la Unidad de Género dan seguimiento a los casos.
“No tenemos una epidemia de acoso, me parece que es muy responsable conformar esta unidad de acuerdo a las necesidades, nosotros en ese entonces decidimos que no tenía caso crecer la burocracia, el pago de la nómina, por un tema que hasta ese momento, incluso ahora, no representa un problema”.
Además, la pandemia por COVID-19 dificultó los procesos, al momento, ninguno de los funcionarios señalados ha sido separado de su cargo, únicamente se han reubicado a las víctimas a fin de que no compartan el mismo espacio de trabajo que su presunto agresor.
Báez subrayó que son 16 casos, pero de cinco agresores, es decir, sobre ellos pesan más de dos denuncias. “Son 16 denuncias, pero agresores, 5 o 6”.
La coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez, urgió a que se retomen las investigaciones, se cierren los procesos y se finquen responsabilidades para garantizar seguridad y justicia a las víctimas.
Por Elia Castillo E Iván Saldaña
PAL