El enriquecimiento ilícito es cuando una persona o servidor público no puede demostrar de manera legítima el incremento de su patrimonio u origen de sus bienes que se encuentran a su nombre, de acuerdo con lo que se indica en el Código Penal Federal.
También se entiende cuando un servidor se beneficia de su cargo o el de un tercero para aumentar de manera injustificada su patrimonio, aunque incurre en este delito cuando “haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de los dispuestos en la misma Ley”.
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Fuera de dicho concepto queda que cuando una persona aumenta su patrimonio consecuencia “sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis del presente Título”.
¿De qué forma se castiga el enriquecimiento ilícito?
1. Serán decomisados los bienes que no se logre demostrar su procedencia.
2. En el caso de que el monto no exceda las 5,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la sanción será de tres meses a dos años de prisión, además de una sanción por 300 veces de la UMA al momento de cometer del delito, además de la destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar cargos públicos.
3. Cuando el monto exceda los 5,000 veces el valor de la UMA, esto significa de 2 a 14 años de prisión, multa por 300 a 500 veces el valor de la UMA y la destitución e inhabilitación para ocupar un cargo público de 2 a 14 años.
En el segundo informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que comprendió de julio del 2019 a junio 2020, dio a conocer que presentó 106 denuncias penales, de las cuales 42 estaban relacionadas con enriquecimiento ilícito.
yc