Por incurrir en diversas irregularidades en el ejercicio de su función entre las que se encuentran presuntos actos de corrupción, entorpecimiento de la función legislativa y mal manejo de recursos públicos, entre otros, el Congreso de Tlaxcala aprobó la comparecencia en sesión privada, del presidente del Poder Judicial del Estado, Fernando Bernal Salazar.
En sesión extraordinaria, Los diputados de Tlaxcala consideraron que el magistrado ha entorpecido los procedimientos para la integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, actos que incluso podrían ser sujeto de responsabilidades penales.
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La diputada perredista Linda Azucena Cisneros Cirio, dio lectura a un acuerdo en el que se enlistan por lo menos cinco puntos que hacen a Bernal Salazar responsable por la contratación a modo de un juez, la omisión por denunciar el ejercicio indebido del servicio público y el incremento desproporcionado del presupuesto para servicios personales, por mencionar algunos.
Dos de los cinco temas que se revisarán este viernes en sesión privada prevista para las 10:30 horas están relacionados con la admisión indebida de dos juicios de protección constitucional contra el proceso para elegir magistrados del TSJE y otro más para permitir que se mantuviera en el cargo, aunque de forma ilegal, el ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“El Presidente del Tribunal Superior de Justicia otorgó la suspensión de los actos reclamados, entorpeciendo los procedimientos y por tanto, la ejecución de los actos soberanos del Congreso del Estado, generando a la par, incertidumbre e inestabilidad en las instituciones del Estado. Concretamente la parálisis del organismo autónomo que tiene a su cargo la defensa y protección de los derechos humanos en el Estado, así como señalamientos graves por parte de la sociedad en general y de activistas e incluso, manifestaciones frente al Palacio de Justicia, ubicado en la Capital del Estado”, expresó la perredista en el acuerdo aprobado que también explica que esas conductas pueden ser constitutivas de delitos penales.
También atribuyeron al magistrado la omisión de reportar la indebida designación de Leonel Ramírez Zamora, por parte del Gobernador Marco Antonio Mena, como integrante del Consejo de la Judicatura, pues dicho personaje no cumplía con los requisitos establecidos en las Constituciones federal y estatal.
Incluso, los diputados señalaron al gobernador Marco Mena por haber realizado dicho nombramiento de forma ilegal, pues sabía que no cumplía con el requisito de tener cédula profesional con una antigüedad de 10 años.
Por esa falta que implica la omisión de dar vista a las autoridades para que investigasen el delito de ejercicio indebido del servicio público también será uno de los temas que se aborden en la sesión privada en la que el presidente del Poder Judicial deberá rendir protesta de decir verdad.
Entre los señalamientos a los que deberá hacer frente el magistrado Fernando Bernal también está el incremento entre el 12 y 12.5 por ciento de la partida destinada al capítulo de servicios profesionales, para la contratación de más de 120 personas y la desatención, en consecuencia, del equipamiento de las distintas áreas jurisdiccionales.
También pesa sobre el presidente del Poder Judicial la contratación indebida del juez Alejandro Pereda Vega, en el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Morelos (Tlaxco), en contravención a la carrera judicial, quien tiene señalamientos por su falta de pericia, perfil e idoneidad en la función judicial en perjuicio de los justiciables.
Por ese último señalamiento, el presidente podría ser responsable por incurrir en actos de corrupción, abuso de funciones y contratación indebida.