La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato de David Díaz ocurrido el viernes pasado y pidió a las autoridades que realicen una investigación exhaustiva del caso.
En un comunicado detalló que tenía "conocimiento sobre que el pasado 21 de junio, el ambientalista agraviado fue puesto en libertad, luego de estar encarcelado por el delito de amenazas y ataque peligroso, asociado a la labor de activismo que realizaba y la denuncia pública respecto de los impactos negativos de la construcción de una termoeléctrica en la comunidad de Campos".
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Además señaló que la violencia contra defensores de derechos humanos no sólo afecta las garantías de éstos, sino también atenta contra el papel que juegan en la sociedad, así como a las personas para quienes trabajan,“llegando incluso hasta a la indefensión, como sucede con la comunidad de Campos en Colima”, donde David Díaz centró su activismo.
De 2006 a la fecha, ya son 71 activistas y defensores de derechos humanos que son asesinados en el país. Con el de David Díaz, son 11 los casos reportados (oficialmente) en lo que va de este 2021.
Menciona que, lo anterior hace evidente “una alarmante ausencia de efectividad, vigencia, reacción y atención por parte de las instancias y autoridades encargadas de prevenir, proteger y evitar agresiones y homicidios en contra de personas defensoras de derechos humanos”, agregó la CNDH.
Sobre el tema, también se pronunció la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quienes señalan “repudiamos rotundamente el cobarde asesinato del compañero David Díaz Valdez perpetrado el 2 de julio del presente”.
En su comunicado señalan que, David Díaz fue un férreo defensor del territorio, amaba la Laguna de Cuyutlán y la Isla de Campos que lo vieron crecer, que fueron testigos de su lucha por la defensa ambiental y social por 40 años.
Se refirieron a David como un hombre alegre y siempre decidido a enfrentar las injusticias pasara lo que pasara, pero sobre todo a defender su tierra y siempre solidario con otras luchas.
Recordaron que, desde siempre los gobiernos priistas habían querido despojar a la comunidad indígena de Campos de su territorio para sus proyectos industriales y portuarios.
David junto con otras y otros compañeros de Campos, décadas atrás venían denunciando la contaminación de la Termoeléctrica que tiene a gran parte de la población enferma por los gases tóxicos que emana. La Universidad de Colima, bastión y trampolín político del PRI, realizó una investigación de los contaminantes en la comunidad indígena de Campos y jamás dio a conocer los resultados, más aún reservó la información por 12 años cuando le fue solicitada.
David Díaz fue parte del grupo que defendió la Laguna de Cuyutlán por la ilegal instalación de la gasera Z, luchó fuertemente y apoyó a las y los pescadores y grupos de defensa ambiental de 2002-2009 contra la imposición de la Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo.
Dicha iniciativa fue promovida por Ignacio Peralta Sánchez, entonces Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima (2004-2009), hoy en sus últimos meses como gobernador del estado.
Díaz Valdez fue asesinado cuando abordaba su vehículo al exterior del mercado Santiago, en el municipio de Manzanillo. De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra la víctima para después darse a la fuga.
Minutos después de lo ocurrido, sus hijos quienes se encontraban sobre la calle Hidalgo frente al negocio familiar, a través de facebook live, evidenciaron la escena del crimen en donde yacía el cuerpo de su padre, quienes responsabilizan al gobierno estatal de lo ocurrido, pues advirtieron, que ellos no tenían ningún problema con el crimen organizado.
Mencionaron que a su padre “lo mandaron matar por luchar por las personas desprotegidas y como no lo podían callar, pues lo mataron". El video que era narrado por Jair Díaz hijo del activista, mostraba cómo había quedado el cuerpo de su padre.
Díaz Valdez, tenía apenas unos días de haber salido de la cárcel, pues en septiembre de 2020, fue vinculado a proceso por conflicto con la Secretaría de Salud del estado, debido a un presunto robo de una ambulancia, que el activista aseguró, pertenecía a la comunidad de Campos, donde era delegado.
Después de ser encarcelado, el activista difundió un mensaje, donde responsabilizó al gobernador José Ignacio Peralta de su seguridad dentro del penal, así como al fiscal general del estado, Gabriel Verduzco Rodríguez, y al magistrado de Manzanillo, Sergio Marcelino Bravo Sandoval.
“Yo no tengo conflicto con ningún reo peligroso aquí adentro por el cual me puedan matar; tampoco he intentado quitarme la vida en este penal; si llegara a morir aquí, el estado es el responsable”, señaló.