El gobierno de la Ciudad de México anunció facilidades administrativas para los desarrolladores que deseen construir proyectos inmobiliarios en Tacubaya y avenida Reforma.
Lo anterior, expusieron con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico de la Ciudad de México, así como de proteger a la ciudadanía de los impactos generados por la Covid–19.
Las autoridades capitalinas señalaron que esto aplicará para los proyectos susceptibles de iniciar con obras y actividades inherentes a la demolición, preparación o construcción de manera inmediata.
Por lo que deberán presentar un formato de solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como a la Secretaría del Medio Ambiente.
“Las personas interesadas que se registren asumen y se comprometen a cumplir y hacer cumplir la normativa aplicable durante la ejecución de las obras y actividades registradas bajo este acuerdo; y deberá estar firmado por la persona (física o moral) que promueve el proyecto o su representante legal; el Director Responsable de Obra, el Perito en Desarrollo Urbano, el Prestador de Servicios Ambientales y el Tercer Acreditado, como corresponsables de la normativa aplicable”.
Específicamente, en avenida Reforma, deben considerar el Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES), lo que significa que deben utilizar materiales y prácticas respetuosos con el ambiente en la planeación, el diseño, la ubicación, construcción, operación y demolición de un edificio.
Las obras deberán iniciar dentro de los seis meses siguientes al registro del formato en cuestión, siempre y cuando, presenten el estudio de impacto ambiental correspondiente a la obra.
En caso de que la información presentada tenga deficiencias, inconsistencias, vacíos o ambigu¨edades, éstas se deberán subsanar dentro del mismo periodo, de lo contrario se cancelará el registro.
Los desarrolladores podrán solicitar prórroga hasta por dos ocasiones mediante escrito dirigido a la autoridad competente, con cinco días hábiles previos al vencimiento del plazo establecido, debiendo justificar los motivos que le impiden el cumplimiento de dicho término.
Si se persiste en el incumplimiento de sus obligaciones las autoridades actuarán conforme a derecho corresponda, en el entendido de que las obras deberán regularizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2022.
También deberán poner a disposición de la población el área de influencia del proyecto, la información de las obras y actividades que se pretenden, a través de por lo menos dos esquemas: un sitio web y módulos informativos.
Asimismo, deberán comprometerse a realizar las medidas de mitigación, compensación o integración urbana correspondiente.
“Deberán firmar una Carta Compromiso con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para celebrar un contrato de Fideicomiso privado para que, en su carácter de Fideicomitentes, realicen las aportaciones necesarias para garantizar la ejecución de las medidas de integración urbana locales y regionales en materia de movilidad y espacio público, previo a la dictaminación del Estudio de Impacto Urbano presentado”, concluyeron las autoridades.