Grupos de mujeres acompañadas de Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy, víctima de feminicidio en la UNAM en 2017, protestaron afuera del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José El Alto, mientras se realizaba la audiencia inicial de 8 jóvenes procesadas por daños tras las movilizaciones por el #8M.
En el mitin, denunciaron acoso desde el 16 de junio, así como intentos de amedrentamiento para que no realizaran la manifestación y exigieron frenar la criminalización de la protesta social, ya que a las jóvenes se les acusa de daños dolosos por presuntamente afectar un inmueble patrimonio de la humanidad y por daños a la propiedad del estado al rayar una maqueta.
Las activistas anunciaron que solicitarán su ingreso al mecanismo de protección de defensoras de derechos humanos, sobre todo porque esta mañana se incendió el negocio en el que trabajaban en el Centro Histórico, donde “no tenemos nada que se pueda incendiar”, pero en el que guardaban mucho material de su activismo.
A su vez, Araceli Osorio anunció que el caso Querétaro ya se plantea ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra Mujeres y Niñas (CONAVIM), porque “es un asunto muy delicado que las hayan señalado, detenido y levantado cargos de esta naturaleza” ante lo que se considera una criminalización de la protesta social.
“Lo que está pasando aquí en Querétaro es que se quiere realizar un escarmiento público para las mujeres, el mensaje es muy claro: no nos quieren en las calles exigiendo nuestros derechos, exigiendo cero tolerancia, no nos quieren en las calles diciendo que la violencia feminicida no es un asunto aislado, sino crímenes de estado”, declaró Osorio Martínez.
Acusó que, al procesar a las jóvenes que participaron en las manifestaciones del 8 de marzo e identificarlas a través de las redes sociales, se “criminaliza la protesta social, esa es la forma en la que también nosotras nos organizamos y estamos planteando la organización a nivel nacional, porque no es posible que tengamos que estar exigiendo nuestros derechos, encerradas en una prisión, cuando nos están reprimiendo durante las marchas, nos estamos organizando”.
Dos horas antes de la protesta anunciada por las mujeres en el penal de San José El Alto, se presentó un incendio en una óptica en la calle de Guerrero en el Centro Histórico de esta ciudad, donde luego de que los bomberos sofocaran el siniestro, se colocaron sellos de clausura.
A partir del 15 de junio empezaron a realizarse las detenciones de las mujeres identificadas de participar en las pintas a la Alameda Hidalgo y la maqueta frente a ese inmueble en las manifestaciones del 8 de marzo, en las que protestaron por la violencia contra las mujeres. Las órdenes de aprehensión se cumplimentaron después del proceso electoral, aunque se libraron desde el 7 de abril.
Piden no criminalizar a las mujeres
Sobre la audiencia para las activistas queretanas que participaron en las protestas del #8M, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU expresó, en redes sociales, que “es de especial preocupación que se criminalice a mujeres jóvenes, muchas de las cuales recién inician en la defensa de sus derechos humanos”.
Advirtió que la criminalización de la defensa de los derechos humanos tiene un efecto disuasorio para la sociedad en general: debilita los movimientos sociales y hace que la población se desista de presentar denuncias por delitos graves ante la policía.
Asimismo, precisó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU “ha destacado que las detenciones consecuencia directa del ejercicio de ciertos derechos, como la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, son consideradas arbitrarias per se”.