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Fiscal de Jalisco descarta necesidad de software para combatir al crimen

La autoridades local asegura que se pueda actuar contra los delincuentes con herramientas convencionales

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Las autoridades locales enfrentar a los criminales desde una estrategia frontalCréditos: Especial

El programa Galileo no es indispensable para hacer frente al crimen organizado o resolver hechos de secuestro, aseguró Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco, quien insistió que desde que asumió como titular en la dependencia no ha sido utilizado.

El programa fue contratado y usado en la administración pasada y se presume que fue utilizado para espionaje político, aunque se desconoce aún con quienes se utilizó, aunque el mandatario estatal, Enrique Alfaro, aseguró ayer que en el 2018 se utilizó para espiarlo.

Solís Gómez insistió que en Jalisco se cuenta con expertos en materia de secuestro y que no ha sido necesario el uso de tecnologías de este tipo para resolver casos de secuestro.

"Nunca he estado de acuerdo con la utilización de estos equipos, el Gobierno del Estado coincide ampliamente con la postura de su servidor y desde luego que no afecta, sin embargo con las herramientas que pueden utilizarse permitidas por el procedimiento y con las autorizaciones correspondientes, los asuntos de secuestro han estado resolviéndose favorablemente", expresó.

Insistió que se trabaja en lo que corresponde a la ley y que la Unidad Antisecuestros es una de las preparadas de todo el país y que conocen los recursos en términos de legalidad, los recursos que pueden emplear para investigar e incorporar a juicio a través de las carpetas de investigación de los hechos.

El software así como vehículos, equipo de cómputo, mobiliario y el laboratorio forense que acompaña el programa Galileo, están resguardados en la Fiscalía Estatal sin que estén en uso y su adquisición se hizo la administración pasada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) por 263 millones de pesos que se pagaron en cinco exhibiciones a la empresa israelí Sym Servicios Integrales S.A. de C.V.

La Fiscalía General de la República investigará el posible mal uso de este sistema, que aún se desconoce en contra de quienes fue utilizado.