Cinco de los 11 exregidores de Progreso, Yucatán, imputados por el delito de cohecho solicitaron una vía alterna para no tener que llegar a un juicio oral ni ser castigados con cárcel, por lo que prometieron pagar la reparación del daño, el cual incluirá devolver los 110 mil pesos que cada uno recibió en este caso de corrupción.
Su defensa solicitó al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial una audiencia con el fin de plantear una Suspensión Condicional del Proceso Penal, es decir, una alternativa para no tener que ser enjuiciados.
Al solicitar la Suspensión Condicional con la que se comprometen a pagar la reparación del daño, dichas personas prácticamente están admitiendo que cometieron el delito de cohecho. En caso de que proceda esta vía y cumplan con lo que establezca la jueza, no pisarían la cárcel.
De acuerdo con el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la Suspensión Condicional del Proceso es un planteamiento que formulan el Ministerio Público o el imputado, el cual debe incluir un plan detallado de pago de la reparación del daño.
Cabe mencionar que, este mecanismo procederá siempre y cuando el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años.
En ese sentido, de acuerdo con el Código Penal de Yucatán, el delito de cohecho se castiga de tres meses a 14 años de prisión, dependiendo de la cantidad o el valor de la dádiva que el funcionario haya recibido ilícitamente. Como el monto que tomaron dichas personas no excede las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), sí se aceptaría su solicitud.
Cabe mencionar que apenas el lunes pasado, los 11 acusados, incluido el exalcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho, pues existen indicios de que recibieron 110 mil pesos cada uno a cambio de suscribir un contrato con una empresa para la prestación del servicio de alumbrado público del puerto.
Se trata de la primera vez que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción consigue que todo un cabildo sea sujeto a un proceso penal en Yucatán.
Entre las pruebas con las que cuenta la Fiscalía en contra de esas personas, hay un video en el que aparecen contando el dinero que recibieron, el cual se grabó en el salón de Cabildo del Ayuntamiento de Progreso.
atm