La pandemia por la Covid-19 no sólo ha representado una severa crisis de salud en lo que respecta a contagios y número de personas fallecidas en el país, sino a un agravamiento de las condiciones sociales y de la disparidad laboral entre mujeres y hombres.
Desde antes de que se reportara el primer caso confirmado de COVID-19 el 28 de febrero de 2020, el Estado Mexicano ya atravesaba por un momento complicado en el sector económico y laboral del país. En este sentido, y poco más de un año después, la situación existente en el país no hizo otra cosa más que agravarse.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, los estragos de la pandemia en el ámbito laboral hicieron que el año 2020 cerrara con un incremento en la población desocupada laboralmente con un 22.2% respecto a la población ocupada, un aumento en la informalidad laboral llegando a un 55.8% del total de personas trabajando, y con una ocupación tan solo del 41.4% de mujeres trabajadoras, frente a un 56.4% de hombres laboralmente activos. Lo anterior, en su conjunto, dio como resultado una contracción del 8.5% de la economía mexicana y, según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un retroceso de más de 10 años en los esfuerzos por la equidad laboral entre mujeres y hombres.
Estos datos, sin duda alguna, muestran la severa crisis económica y laboral por la que atraviesa el país, y, más aún, sobre el agravamiento de la condición laboral de las mujeres, tan solo en lo que va de la pandemia, el 84% de quienes perdieron su empleo fueron, precisamente, mujeres. El preocupante aquí es que lo anterior no solo se remonta en el ámbito de la ocupación laboral, sino que la condición salarial que enfrentan empeora aún más la situación. Del total de personas activas laboralmente (53.3 millones), más de la mitad se ocupan por menos de dos salarios mínimos, sin embargo, de esta mitad 7 de cada 10 son mujeres. Y, más aún, para enero de este año, mientras que los hombres inscritos a un empleo formal ganaban en promedio $449.6, las mujeres percibían $395.5, es decir, una diferencia salarial de $54.1.
Al analizar esta situación, se manifiesta un orden de género que se basa en un sistema de relaciones de poder que, a lo largo de los años, ha permitido un conjunto normativo masculino que domina y ejerce incidencia frente al otro. “El arrastre del orden de género hacia el orden del mercado genera señales sesgadas en el mercado, donde se asume que las mujeres son trabajadoras `costosas’ y por lo tanto hay resistencia a contratarlas y mantenerlas en el trabajo”3. Es decir, se parte desde un ordenamiento pre-establecido que asume, desde un primer momento, una subordinación femenina reflejada, en este sentido, en la ocupación laboral, la equidad salarial y el reconocimiento del trabajo no remunerado.
Es imprescindible, por tanto, hoy más que nunca con una tercera ola de Covid asomándose, repensar y reconfigurar esta estructura dominante, modificando las narrativas públicas desde la declaración y reivindicación del impacto macroeconómico que representa el trabajo de las mujeres en nuestro país. Como vimos, esta resistencia hegemónica de reconocer los estragos económicos que representó desocupar a tal cantidad de mujeres trabajadoras y de no otorgar salarios justos, está llevando al país a una quiebra económica que, si no se cambia desde la forma de legislar y de un eficaz cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres, una nueva crisis económica nos alcanzara más pronto que tarde.
mgm