La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se sumó al reclamo de organizaciones sociales para garantizar el derecho a la libre manifestación política y la no criminalización de la protesta, tras el proceso contra 5 mujeres por dañar el patrimonio de la humanidad con pintas a la Alameda el pasado 8 de marzo, a quienes se les pide pagar dos millones de pesos y podrían pasar hasta 9 años en prisión.
La UAQ subrayó que “las mujeres que participaron en la marcha del #8M no merecen el trato del que son objeto. Solicitamos a las autoridades competentes que muestren empatía y consideración hacia las jóvenes que no han encontrado otra forma de hacerse visibles. Pedimos que se abran los canales de diálogo y, sobre todo, que se comprenda que mientras acusan a las víctimas, los agresores siguen impunes y la violencia contra las mujeres aumenta”.
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De acuerdo con información de diversos colectivos, la Fiscalía General de Justicia de Querétaro inició procesos contra 5 mujeres que participaron en las movilizaciones por el #8M, a quienes acusan de dañar un espacio de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad y afectar propiedad del estado, al realizar pintas en una maqueta que se instaló en la Alameda en 2018.
El 7 de abril se libraron órdenes de aprehensión contra algunas mujeres, pero se cumplimentaron después de las elecciones. Las primeras se efectuaron a mediados de junio contra tres de ellas y solo se vinculó a proceso a dos, porque una es menor de 18 años. El pasado 25 de junio se cumplimentaron otras dos órdenes.
A las mujeres se les exige cubrir casi dos millones de pesos en daños y podrían alcanzar una pena de hasta nueve años de prisión, lo que motivó el rechazo de distintas organizaciones, sobre todo porque una de ellas tiene una carpeta abierta por violación que no se resuelve desde 2019.
La activista del Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo (Celapaz), Maricruz Ocampo afirmó que, en el caso de esta última chica, “su agresor está libre y a ella la van a detener” y sostuvo que la violencia contra las mujeres creció en los últimos seis años en el estado, al grado de que “somos primer lugar nacional en lesiones dolosas por cada 100 mil habitantes”.
“Tenemos más de 230 carpetas de investigación abiertas por violación, nada más en este año, solo 5 casos tipificados como homicidio doloso contra una mujer y 50 carpetas de investigación por homicidio culposo, supuestamente no intencional, aquí hay gato encerrado, no ha habido acciones contundentes para erradicar la violencia contra las mujeres”, denunció la activista.
A la par de estos señalamientos, más de una docena de organizaciones sociales exigieron no criminalizar la protesta social y atender las demandas pendientes de las mujeres. Asimismo, a través de redes sociales se iniciaron colectas para el pago de abogados y reunir lo suficiente para cubrir los daños.
Además, la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) inició una queja de oficio por la detención contra las 5 mujeres, particularmente porque en al menos uno de los casos se denunció que se remitió a la joven a la Fiscalía sin informarle el verdadero motivo de su traslado.
Por: Patricia López Núñez
dhfm