Pobladores de la comunidad indígena de Xuchitlán, del municipio de San Salvador, Hidalgo, exigieron que un grupo externo de médicos entre al Hospital General de Pachuca para constatar el estado en que se encuentra su vecino Leobardo H. R., herido de gravedad con un proyectil disparado por la policía durante una manifestación el 1 de junio.
Leobardo, de 25 años, quedó tendido, inerte, frente a Palacio de Gobierno, en un charco de sangre. Una ambulancia lo trasladó de emergencia al nosocomio; sin embargo, su familia asegura que no les han dado una prueba real de vida y que no tienen certeza del estado en que se encuentra.
Este sábado, los habitantes de Xuchitlán volvieron a Pachuca para manifestarse, primero afuera del hospital general, donde está internado Leobardo, para después caminar hasta la sede del Poder Ejecutivo estatal. Ahí, además de indemnización y gastos médicos para el joven lesionado, pidieron que no se vuelva usar fuerza desmedida en una protesta.
“Que el cuerpo policial resguarde nuestra integridad y no nos agreda. Todos somos Leobardo. Tu pueblo demanda una atención médica digna y transporte para llevarte con nosotros, con tu pueblo y con tu gente”, pidió, en nombre de todos, el delegado de la comunidad.
Aunque el gobierno estatal afirma públicamente que Leobardo se encuentra estable, dijeron que personal médico les ha comentado que su situación es crítica por la lesión en el cráneo que recibió tras el impacto, sin poder conocer la gravedad real de las lesiones.
Policía también se manifiesta
Previamente, este viernes, en una manifestación para exigir mejoras en sus condiciones laborales elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) argumentaron que ellos siguieron las instrucciones de la cadena de mando, que ordenó dispersar a los manifestantes. “Basta de hipocresía, la culpa no es de la policía”, fue una de las pancartas que mostraron los elementos, que bloquearon las principales vialidades de la ciudad, acompañados de familiares.
Con mantas, acusaron al mandatario Omar Fayad de “represor”, y recriminaron que “ordenó procesar al oficial que accionó el escopetín” con el que fue lesionado Leobardo H. R.
Durante la protesta, los oficiales pidieron mejora salarial, pues afirmaron que sus percepciones son de las más bajas en el país, con cinco mil 500 pesos mensuales, menos impuestos; que se devuelva el bono de riesgo, y legalidad en la promoción de ascensos, que, acusaron, terminan en manos de allegados al secretario de Seguridad, Mauricio Delmar, aunque no estén capacitados para los cargos.
Recriminaron también la filtración en un medio digital de nombres y cargos de cinco elementos que no aprobaron exámenes de control de confianza y son parte de quienes lideran un movimiento que, aseguran, tiene 700 firmas de adherencia de la policía estatal. No obstante, el inspector Francisco Javier Sánchez, con 28 años de servicio, afirmó que 90 de los mandos a nivel estatal están reprobados. “¿Por qué hasta hoy sacan esto?”, cuestionó.
Esto lo consideraron una represalia por disentir y responsabilizaron tanto a Delmar Saavedra como a Uriel de Jesús Moreno Castro, titular de la Agencia de Seguridad del Estado, de cualquier ataque a ellos y a sus familias.
Según los policías, existen irregulares en la entrega de beneficios escalafonarios, para allegados al secretario de seguridad, aunque éstos no cuenten con el perfil: “Mauricio Delmar, hace años que no realizan promoción de grados. Los otorgan al ‘dedazo’, ‘compadrazgo’ o al que mejor ‘le entre’”.
Por Áxel Chávez.
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