Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que con la regularización de los autos usados importados de Estados Unidos, se impactará en el desenvolvimiento natural del mercado, ya que satura la oferta de vehículos usados, se desploman los precios de los vehículos que se encuentran registrados legalmente en el país y se afecta el patrimonio de los dueños de estos.
Además, quienes pretenden vender un vehículo usado para acceder a uno de modelo más reciente o nuevo, ven mermado el producto de esa venta o se dificulta debido al exceso de vehículos usados que se generan de manera artificial con estos procesos de regularización, impactando en el desenvolvimiento natural del mercado y obstaculizando la venta de los nuevos.
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"Eso nos afecta directamente sobre todo en un ciclo en que se lleva cuatro años consecutivos con disminución en la venta de vehículos en el país, y un quinto año en el que apenas se está iniciando un lento proceso de recuperación", señaló en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
Destacó que la introducción de contrabando de vehículos es un fenómeno añejo, del periodo que va de 1979 a 2011, en el que se llevaron a cabo 19 procesos de regularización de vehículos, pero el de mayor impacto, fue el que se realizó en 2005 por el entonces presidente Vicente Fox, "que inundó al país de chatarra automotriz y en aquel momento provocó y siempre ha sido de ese manera, que se regularizaran vehículos que se encontraban en condición de irregularidad en el país y se introdujeron tanto o más de los que inicialmente estaban ya circulando por nuestras calles".
Las condiciones bajo las cuales se pretende llevar esta regularización, dijo, son mucho más laxas a lo que en este momento, la normatividad contempla para la importación legal de vehículos.
Destacó que actualmente sí se permite importar vehículos a nuestro país, si se cumple con el procedimiento aduanero, pero existen requisitos con los que se busca que esos vehículos que se importen, no se encuentran dados de baja como pérdida total en Estados Unidos, que no cuenten con reporte de robo, que no estén involucrados en actos delictivos y también que tengan emisiones contaminantes dentro de lo que se contempla en la norma, mediante el pago correspondiente al arancel.
Finalmente, agregó que ya se solicitó una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y "se está buscando la intervención de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien conoce perfectamente este fenómeno y los impactos económicos".
"Confiamos en que el propio gabinete del presidente no apoye esta regularización o en su caso se de con términos que no sean tan laxos", apuntó.
brc