El procurador general de Justicia de Hidalgo, Raúl Arroyo González, afirmó que la muerte de la doctora Beatriz Hernández Ruiz mientras estaba bajo custodia de la policía municipal de Progreso de Obregón es un llamado de atención para los gobiernos sobre la actuación de sus corporaciones de seguridad, en cada una de las situaciones que atienden.
En un mensaje difundido en sus redes sociales tras la reclasificación del delito de feminicidio por el de homicidio culposo, el fiscal expuso que este hecho que produjo indignación y atrajo la atención organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de atención a víctimas y de colectivos de la sociedad civil e instancias gubernamentales provocó un daño irreparable en una familia hidalguense, por posibles omisiones de quienes tenían la obligación de garantizar la dignidad, la vida y la integridad de la víctima.
La reclasificación del delito ocurrió luego de que la jueza de control de Mixquiahuala, Rosa María López Aguilar, determinara con base en el desahogo de testimonios y los peritajes –uno de ellos con la secuencia de la grabación del circuito cerrado de las galeras de Progreso– que la médica Beatriz no fue privada de la vida por algún tercero, por lo que descartó el feminicidio, como inicialmente imputaba la fiscalía.
Arrollo González dijo que se debe insistir en la obligación que tienen los poderes en respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas.
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El procurador informó que en el mismo juzgado de control se lleva a cabo otra audiencia inicial contra las mismas siete personas por posibles irregularidades cometidas a partir de la detención de la víctima. Las tres mujeres y los cuatro hombres imputados se encuentran en prisión preventiva justificada, según el ordenamiento de la propia juez de control.
Este martes, y después de 15 días en terapia intensiva, el campesino Leobardo Hernández Regino falleció como consecuencia de una actuación policial: un proyectil disparado por la policía estatal le ocasionó heridas mortales que derivaron en traumatismos múltiples.
El joven se manifestaba el primero de junio frente al Palacio de Gobierno del estado, junto con sus vecinos de la comunidad indígena Xuchitlán, municipio de San Salvador ubicado en la región del Valle del Mezquital.
Durante esa protesta en la que los pobladores indígenas pedían a la administración de Fayad el cumplimiento de compromisos de obra pública, la multitud fue dispersada con gases lacrimógenos y los agentes emplearon escudos y toletes en contra; además, videos muestran golpes directos con los puños y patadas.
Un proyectil disparado por los granaderos hirió de gravedad a Leobardo Hernández, de 25 años, quien quedó tendido inerte frente a Palacio de Gobierno, mientras se desangraba.
Los campesinos acusaron que un grupo infiltrado intentó ingresar a la sede del Poder Ejecutivo, provocó y golpeó a elemento de la policía con un objeto contundente, lo cual también fue videograbado.
En la recomendación R-VG-0002-21, la Comisión de Derechos Humanos reconoció que hubo actuación indebida por parte de los agentes, al analizar las pruebas obtenidas.
Por: Áxel Chávez
dhfm