Al hacer un balance a casi dos años y medio de la 4T, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que hay mediciones que indican que la mayoría de la ciudadanía está conforme con los cambios realizados, y agregó que hoy el gobierno se ocupa de un tema que va en tres vías: revisión y renegociación de contratos leoninos y, de no prosperar estos, ir a litigios jurídicos.
En entrevista con El Heraldo de México, el vocero presidencial dijo que las encuestas de opinión dan un saldo muy favorable al gobierno, por lo tanto, dan el beneplácito a las políticas sociales y culturales que se están realizando, como es el caso de los programas sociales.
De hecho, agregó el funcionario, el gobierno tiene los niveles de aprobación más altos de las últimas administraciones, a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia y la "herencia maldita" del neoliberalismo que dejó contratos leoninos, donde parte del presupuesto público fue colonizado por empresas privadas.
En ese sentido, dijo que el gobierno actualmente está cancelando todo lo que sea ilegal, como la negociación con los “actores” que de manera inmoral, ilegal o inconstitucional se beneficiaron de contratos que perjudican al Estado.
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Y por el otro lado, el tema de los litigios jurídicos, pero antes se buscan acuerdos con las empresas, como ya se hizo con los gasoductos y los reclusorios privados,en ambos casos, con ahorros millonarios.
“En el neoliberalismo su fórmula es poner en el centro los negocios, la economía y el mercado, por encima de la sociedad y aquí el enfásis —en el gobierno de AMLO— es poner en el centro a la gente”, dijo.
Ante esto, consideró uno de los grandes aciertos la desaparición, ajustes y creación de programas sociales, pues en muchos casos —como Prospera o el Seguro Popular— eran opacos y se permitía el uso irregular de los recursos. En el caso de Prospera, Ramírez Cuevas dijo que había un manejo muy irregular, su estructura era muy política y partidista.
“Cada elección volvía al tema del condicionamiento al voto por mantenerte en los programas. Normalmente, quienes operaban los programas también eran los operadores electorales, entonces había una confusión y un traslapamiento entre la operación política de los partidos que gobernaban esas regiones, con el padrón de usuarios de los programas sociales que, por cierto, nunca los entregaron completos”, reiteró.
Además, no tenía recursos asignados; era un préstamo del Banco Mundial y era deuda: es decir, un manejo irregular, clientelar y político, y no había recursos en el presupuesto.
Un caso similar, agregó Jesús Ramírez, fue el Seguro Popular, programa desaparecido y sustituido por el Insabi, y en el que había desvíos que hacían los gobiernos de los estados y por tanto un uso irregular de los recursos.
A dos años y medio, sostuvo que se está avanzando y uno de los pendientes es la bancarización del pago de los apoyos, pues en muchas localidades del país todavía falta que lleguen los servicios bancarios, así como el internet para que todos, a través de una tarjeta, cobren su dinero y se deje de repartir el dinero en efectivo.
Por Francisco Nieto
GDM