Menores de edad migrantes, presentados ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, son llevados a los centros de asistencia social del DIF Chiapas, de los que son retornados casi de inmediato a su país, sin priorizar el interés superior de la niñez.
Una vieja malla metálica rodea el extenso terreno de la bodega La algodonera, habilitada como Centro de Asistencia Social en la capital de Chiapas. Avecindada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y un cuartel de la Guardia Nacional, desde el exterior se observan las siluetas de los adolescentes que, a decir de la encargada del lugar, no pueden salir bajo ninguna circunstancia.
De acuerdo con el DIF Chiapas, el lugar fue adaptado junto con ocho espacios más distribuidos en la entidad, anunciados por el Instituto Nacional de Migración (INM) para los propósitos de la armonización de la Ley de Migración.
El INM dijo que la información sobre los protocolos de los menores migrantes la coordina el DIF.
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En enero entró en vigor el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante, que prohíbe la privación de la libertad de menores por motivos migratorios, además del principio de la no devolución que garantiza el derecho a la unidad familiar.
Trabajadores de albergues, que accedieron a hablar bajo anonimato, relatan que en un día llegan más 150 adolescentes: aumenta o disminuye según las deportaciones masivas de la autoridad migratoria.
Lo mismo sucede en Casa Hogar Infantil, otro de los cuatro centros de asistencia habilitados en Tuxtla Gutiérrez, donde resguardan a menores de 12 años sin familiares.
“Aquí se recibe sólo a niños pequeños que vienen por unas horas, comen y duermen bien. Llegan solos, sin familiares. En la mañana regresan a su país”, dijo un agente que prefirió omitir su nombre.
Jean Gough, directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, alertó sobre la llegada de menores migrantes a México, que ha aumentado nueve veces durante los primeros meses de 2021, al pasar de 380 a casi tres mil 500. Por su lado, la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) urgió apoyos financieros para un millón de desplazados centroamericanos.
La situación rebasa incluso a los albergues de la sociedad civil y las procuradurías se vuelven lentas para desarrollar planes de protección de derechos, y los menores son regresados antes de que se pueda evaluar el interés superior de la niñez, destacó Diana Martínez, oficial del Programa para Coalición Internacional contra la Detención.
Yuriria Salvador, coordinadora del área de Cambio Estructural, explicó que el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, observa que no hay claridad en la operatividad de la ley, pues sigue la detención de menores de edad y sus familias.
“Hemos documentado que las autoridades no registran a estos menores en las listas de detención. Están evadiendo estas responsabilidades porque hay deportaciones y rechazo a solicitantes de refugio”, mencionó.
Tanto el Centro de Dignificación Humana en Tapachula y el albergue Una ayuda para ti mujer migrante, en Tuxtla Gutiérrez, llevan a cabo acompañamientos de familias que fueron separadas: los menores fueron enviados a un albergue con la madre y los padres son llevados a las estaciones migratorias.
Incluso, hay denuncias que se han difundido en redes sociales por las plataformas de medios locales.
Las organizaciones afirman que las violaciones a la ley y a los derechos humanos deben ser investigadas por la CNDH para determinar la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración “por privar de la libertad a quien no debe hacerlo”.
Agregaron que hace falta capacitación, coordinación entre las autoridades y presupuesto, a pesar de que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que el Congreso de la Unión deberá destinar los recursos necesarios para la operación de los centros.
POR JENY PASCACIO
dza