La Secretaría del Bienestar, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), pusieron en marcha el programa Blindaje Electoral 2021, para prevenir delitos electorales con el uso de los programas sociales.
A través de una guía, se específica que el fraude electoral es un delito grave, sin derecho a fianza, en el que se impondrá de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años.
Queda establecido que antes del 6 de junio se suspende la propaganda gubernamental, las reuniones masivas, la entrega de obra concluida, así como las altas, bajas y cambios en los padrones de beneficiarios.
Aunque todas las consideraciones anteriores son limitaciones, se especifica que los programas sociales no se suspenden, sin embargo, deberán aplicarse en estricto apego a los lineamientos de operación.
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En el caso de suspensión de la propaganda gubernamental, quedan exceptuadas las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y las de protección civil.
También, hasta el 6 de junio se suspenden las reuniones masivas con personas beneficiarias de los programas sociales, salvo las que impliquen una entrega de apoyos previamente calendarizada. En ese sentido, queda prohibida la promoción y difusión de frases, colores, imágenes, o símbolos que hagan referencia al gobierno federal, estatal, municipal o algún candidato.
El empadronamiento de beneficiarios se suspende hasta la conclusión de la jornada electoral y en los casos de ejecución de obras o acciones de las empresas responsables de las mismas, estas deberán realizarse de manera ordinaria con base en el calendario derivado de los contratos respectivos.
Se detalla que, la entrega de obra concluida deberá llevarse a cabo a partir del lunes siguiente a la jornada electoral.
Por Francisco Nieto
dza