La Sección Instructora de la Cámara de Diputados declaró “procedente” el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque no pagó al fisco federal seis millones 511 mil 777.57 pesos en 2019, encuadrando en el delito de defraudación fiscal equiparada que se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión.
De acuerdo al dictamen sobre el juicio de desafuero que se votará este viernes en la Cámara de Diputados, la Procuraduría Fiscal de la Federación el mandatario estatal “consignó ingresos menores a los realmente obtenidos”, pues únicamente declaró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) seis millones 649 mil pesos, cuando realmente obtuvo 42 millones 936 mil 272.75 pesos.
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Al existir una discrepancia de casi 37 millones de pesos, resalta, García Cabeza de Vaca debió pagar 6.5 millones de pesos en Impuesto Sobre la Renta (ISR).
“Al existir una discrepancia en sus ingresos anuales de 36 millones 935 mil 578.75 pesos, la cual es mayor a dos millones 898 mil 490 pesos que determina la ley aplicable, entre la cantidad declarada por el contribuyente acusado y la cantidad de ingresos que realmente obtuvo en el ejercicio fiscal”, señala el documento difundido este jueves.
El dictamen detalla que entre uno de los alegatos que el gobernador presentó en su defensa en contra de la solicitud de Declaración de Procedencia que hizo la Fiscalía General de la República (FGR), “involucra a su cónyuge en tratando de descargar su responsabilidad penal en el delito de Defraudación Fiscal Equiparada, no obstante, lo anterior y atendiendo a su autoría, los hechos expuestos se atribuyen al titular de auto”.
En general, García Cabeza de Vaca rechazo la omisión del pago del ISR en el ejercicio fiscal 2019, argumentando que la cantidad de 6.5 millones fue determinada por contadores públicos que “carecían de atribuciones y facultades para determinar la supuesta omisión en el pago del impuesto sobre la renta se me atribuye”.
Sin embargo, la Sección determinó que los argumentos de la defensa de García Cabeza de Vaca “carecen de razón, toda vez que como se establecerá más adelante, la Procuraduría Fiscal de la Federación… tiene la potestad de investigar y perseguir los delitos del ámbito de su competencia, siendo el caso concreto los de Defraudación Fiscal”.
El dictamen consideró que por lo anterior el mandatario estatal encuadra en las sanciones conforme al artículo 109, fracción I, y el artículo 108 párrafo cuarto, fracción III del Código Fiscal de la Federación, donde se fija prisión por tres a nueve años.
Entre la solicitud de Declaración de Procedencia que la FGR presentó a la Cámara también se acusó al gobernador por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero evitó dar una conclusión al respecto para evitar “sobrepasar” el principio de presunción de inocencia.
Sin embargo, reconoció que “para acreditar la existencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita basta que no se demuestre la legal procedencia de los activos y que existan indicios fundados de la dudosa procedencia para colegir la ilicitud del origen de esos”.
Por: Iván E. Saldaña
dhfm