La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición contra la reforma eléctrica.
Este lunes se publicó en los estrados del máximo tribunal del país el acuerdo de admisión.
"Se tiene por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan, y se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia", indica el acuerdo.
Según la impugnación promovida por senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica atenta contra de derechos humanos limitando el acceso de las personas a derechos a un medio ambiente sano y viola los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley.
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Los dos jueces especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones otorgaron suspensiones definitivas con efectos generales contra esta reforma.
Tribunal pide a Corte atraer suspensiones vs reforma eléctrica
Magistrados federales solicitaron a la SCJN que revise y se pronuncie sobre las suspensiones definitivas que frenan por tiempo indefinido la reforma eléctrica.
Luego de que Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió las medidas en tres amparos y estas fueron impugnadas por la Comisión Federal de Electricidad y la Cámara de Diputados, un tribunal colegiado solicitó al máximo tribunal del país que atraiga el caso.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones consideraron que este asunto es importante, por lo que debe ser analizado por los integrantes de la Corte.
Al conceder las suspensiones definitivas, Gómez Fierro señaló que la reforma eléctrica puede llegar a ocasionar que la CFE retome el papel monopólico que tenía antes de la reforma energética de 2013, lo que atenta contra principios de la Constitución.
Por: Diana Martínez
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