Este 22 de abril, Día de la Tierra o de la Madre Tierra, entra en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú; aquí te decimos en qué consiste y todo lo que debes saber al respecto.
Este tratado, que reconoce derechos humanos ambientales, ha sumado las once ratificaciones necesarias para comenzar su obligatoriedad para México y los demás países que forman parte. El acuerdo regional tiene como objetivo la protección continua del derecho a un medio ambiente sano mediante la implementación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, tal como el Convenio Europeo de Aarhus de 1998, el primero en el mundo en abordar esta problemática.
No obstante, el Acuerdo de Escazú es único en su tipo al incluir el novedoso reconocimiento de los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Este instrumento prevé que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales deberán tener garantizado un entorno seguro y propicio en el que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, mediante la protección por parte del Estado de su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente.
México y las Partes acuerdan implementar criterios mínimos para asegurar la accesibilidad de la información ambiental del Estado de acuerdo con el principio de máxima publicidad. De igual forma, se comprometen a contar con herramientas normativas y de política para una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones que tengan o puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente.
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También, los Estados Parte se obligan a garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. Mediante instancias judiciales y administrativas, se podrán impugnar y recurrir asuntos relacionados con información y participación ambiental, y que afecten o puedan afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas ambientales.
Es así que se identifican claramente pendientes importantes que ante este tratado deberá atender el Estado mexicano. Siete de los primeros nueve países en donde se reportan más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en el mundo se encuentran en América Latina, encabezados por Brasil, Colombia y México (Global Witness). Con una tendencia ascendente, en 2020 en México se contabilizaron 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos, siendo la más recurrente el homicidio, con 18 personas defensoras ambientales asesinadas (CEMDA).
Asimismo, se deben eliminar los obstáculos y barreras para acceder a la información y participación que en nuestro país han provocado conflictos sociales en proyectos de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec o de concesiones mineras en el territorio sagrado de Wirikuta. Recientemente, han surgido preocupaciones en este sentido en obras como el Aeropuerto de Texcoco (NAICM), el Tren Maya, el puente vehicular en Cuemanco-Xochimilco, y más.
En cuanto al acceso a la justicia, aunque México cuenta con diversas herramientas como la responsabilidad ambiental, el amparo, el juicio de nulidad o los recursos de revisión, el Estado debe fortalecer las capacidades de las personas juzgadoras en asuntos ambientales y generar mayor cooperación internacional en la materia.
México tiene la oportunidad de ser un ejemplo de influencia internacional al dotar del contenido del Acuerdo de Escazú a sus normas y políticas internas, para colocarse así a la vanguardia en el desarrollo del derecho ambiental internacional.
Luis Paz Flores, maestro en derecho ambiental por la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Twitter: @pazplaneta