Con 118 votos a favor y solo dos abstenciones, el pleno del Senado avaló, en lo general, la reforma que prohíbe la subcontratación ilegal, ya que las empresas no podrán subcontratar personal para trabajos permanentes, únicamente para trabajos especializados.
Las empresas que subcontratan personal de manera ilegal tendrán hasta 90 días para regularizar su situación, y contratar a sus empleados (insorucing) de manera formal; mientras las que ofrezcan servicios especializados deberán registrarse en un padrón controlado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que haga obligatorio que estén al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
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Por su parte, el gobierno federal tendrá un plazo de seis meses para regularizar a todos sus empleados que están contratados por medio de empresas que subcontratan personas.
Si las empresas subcontratan u ofrecen subcontratación sin registrarse en el padrón, tendrán multas que asciende hasta medio millón de pesos.
El objetivo de la reforma es eliminar prácticas ilegales que disminuyen las obligaciones de los empleadores, además de poner al corriente a empresas que evaden al fisco por medio de la subcontratación ilegal.
De acuerdo con el senador morenista, Martí Batres, al poner en cintura a las empresas al regularizar a sus trabajadores, el gobierno podrá recaudar unos 21 mil millones de pesos anuales.
Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) sostuvo que se beneficiará a dos sectores: 5 millones de trabajadores subcontratados de manera ilegal por las grandes empresas; además otro sector -a los ricos- porque ya no tendrán que repartir el 10 por ciento de sus utilidades.
Por: Misael Zavala
dhfm