Las elecciones de este año comienzan en mayo y desde una cárcel. Cinco centros federales de readaptación social (Cefereso), en igual número de entidades, y dos mil 185 personas en prisión preventiva forman parte del primer ejercicio en la historia electoral del país para cumplir el derecho al voto desde una prisión.
El programa piloto, que está previsto para mayo próximo, busca generar propuestas para ampliarse en los comicios de 2024. De acuerdo con especialistas, es una forma de restituir los derechos al voto y a la información y hace efectiva la presunción de inocencia.
Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán participan en esta prueba para la elección de diputaciones federales en centros penitenciarios. Los días 17, 18 y 19 de mayo, 505 mujeres y mil 680 hombres en prisión preventiva van a votar en los centros federales de readaptación social 11, 12, 15, 16 y 17.
De acuerdo con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel, este es un programa piloto que los reclusos puedan formar parte de la vida política del país.
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“Se busca que, como ciudadanos, sus derechos sean respetados y que se cumplan sus garantías electorales, no sólo en este proceso, sino sentar precedente para los próximos”, puntualizó Ravel y detalló que casi la mitad de las personas en la cárcel se mantienen en prisión preventiva.
Indicó que el número de participantes puede disminuir si alguna de las personas no manifiesta su interés de participar o si las que lo hicieren no están inscritos en el padrón electoral.
“Esta es una muestra de cómo una situación local nos sirve para implementar una estrategia nacional que no sólo contribuye en materia de derechos humanos, sino también a la reinserción social y a la no discriminación”, mencionó Dania Ravel.
Para Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, este ejercicio es un avance. “Estamos viviendo una época en la que cada día, los derechos humanos se van exigiendo y tienen razón”, indicó.
Consideró que es un tema que había quedado pendiente en el Estado de derecho y que ahora consolida la presunción de inocencia.
“Está claro mientras alguien no haya sido sentenciado sigue presumiendo de su inocencia y sigue con el ejercicio de sus derechos ciudadanos”, detalló.
Organizaciones sociales integraron un observatorio denominado Libres para elegir, que se encargará de monitorear, evaluar, generar recomendaciones y visibiliza la importancia del derecho al voto desde una prisión.
Este programa piloto se lleva a cabo en la modalidad de voto postal anticipado. Las personas privadas de su libertad van a recibir un paquete de correspondencia personalizado con un instructivo de votación, el resumen de opciones electorales, la boleta electoral y un sobre para enviar el voto.
POR ANTONIO BAUTISTA Y FRIDA VALENCIA
dza