A mediados de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión temporal de clases en todo el país para evitar la propagación del COVID-19 en los salones de clases. En ese entonces, parecía impensable que las aulas pudieran permanecer cerradas por más de unas cuantas semanas. Pues bien, aquí estamos: doce meses después y aún no está claro cuándo y cómo las escuelas podrán reabrir sus puertas y los estudiantes podrán regresar a clases presenciales.
Tras un año sin clases presenciales, es preocupante lo poco que sabemos sobre el impacto que tendrá el COVID-19 en el desarrollo educativo de las futuras generaciones en México. En un informe del Banco Mundial, se estima que América Latina podría ser la segunda región del mundo más perjudicada por la disrupción de los sistemas educativos a causa de la pandemia. De acuerdo con las proyecciones de este informe, la mayoría de los países de la región verá un incremento significativo en el número de estudiantes por debajo del nivel mínimo de rendimiento académico definido por PISA.
La efectividad de las medidas de mitigación de los gobiernos y la cantidad de meses que las escuelas permanezcan cerradas son dos de las variables determinantes en las proyecciones del Banco Mundial. En el caso de México, si bien se está tratando de acelerar la reapertura de las escuelas (al menos en el discurso), poco sabemos sobre la efectividad de los programas Aprende en Casa y Aprende en Casa II.
Más allá de algunas cifras sobre el alcance de estos programas, la SEP no ha presentado un informe robusto que permita evaluar el aprendizaje de las niñas y niños en México tras el cierre de las escuelas. A finales del año pasado, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) publicó un reporte de investigación sobre las experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria. Aunque dicho reporte rescata algunos datos importantes sobre las experiencias y aprendizajes de los diferentes actores educativos, el proyecto resulta insuficiente para poder determinar la extensión del daño provocado por la pandemia.
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Entre las limitaciones del informe de MEJOREDU destaca el hecho de que la muestra no es representativa de la población mexicana. Por ejemplo, se obtuvieron respuestas de más de 5 mil 200 estudiantes en Sonora, mientras que solamente cinco estudiantes en Nuevo León respondieron al cuestionario.
Por otro lado, es posible que exista un alto grado de sesgo en el muestreo. Por la manera en que se hizo el reclutamiento, lo más probable es que los participantes que respondieron a la encuesta sean aquellas personas que se han mantenido más involucradas y comprometidas con la educación durante la pandemia. Poco nos dice este estudio sobre las familias con poco o nulo acceso a internet, o sobre todas y todos aquellos estudiantes que, justificablemente, no han tenido interés en pasar todas sus mañanas viendo video lecciones en YouTube o escuchando una clase virtual frente a una televisión.
Finalmente, el informe está basado en las percepciones y experiencias de los distintos actores educativos: directores de escuela, docentes, madres y padres de familia y estudiantes. Aunque es importante conocer estas perspectivas, esto no puede tomarse como un indicador objetivo del aprovechamiento escolar.
A la fecha, la SEP da la impresión de no tener apuro en presentar datos actualizados sobre los índices de deserción escolar, o sobre los niveles de rezago en indicadores claves de competencias básicas de lectura y matemáticas. Tristemente, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia; el daño existe y la factura nos llegará tarde o temprano.
Por: Luis de la Viña Simón, Maestro en Diseños de investigación por la Universidad de Granda y Maestro en Educación por la Universidad de Harvard. Profesor de Psicología en la Universidad Anáhuac Querétaro y cofundador de Grad Guru.