Debido a la crisis que existe en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la asamblea académica permanente convocó ayer a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, a un diálogo; sin embargo, después de más de un hora de espera, la funcionaria no llegó.
Ante esto, Javier Martín Reyes, profesor de la división de Estudios Jurídicos del CIDE, se dijo preocupado por los que está viviendo el CIDE y por la respuesta que realizan las autoridades.
"Es por eso que el CIDE está convocando a una marcha, no solo en defensa de la institución sino en defensa de la autonomía de las universidades públicas, autonomía en contra de las decisiones arbitrarias y una defensa de la libertad de cátedra", dijo Martín Reyes.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el también investigador señaló que en el ámbito político, es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con una norma de legitimidad, además, de que es una deficiencia la norma que regulan el funcionamiento de los centros públicos como el CIDE, ya que le dan un poder bastante importante al director general de Conacyt.
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Decisiones arbitrarias
En el tema del CIDE, hay una dimensión jurídica que ha quedado muy clara, que han sido las decisiones de arbitrariedad, que ha abierto la puerta a que se impugne todo el proceso de designación
A través de la señal de Heraldo Media Group, explicó el proceso que han llevado a cabo para designar al director general del CIDE, que culminó en la imposición de José Antonio Romero Tellaeche.
Afirmó que María Elena Álvarez-Buylla, violó los propios estatutos del CIDE porque no permitió que votara el órgano que tiene la última palabra en el proceso de designación, que es un consejo que lo integran representantes del Colegio de México, del Fondo de Cultura Económica y de otras dependencias.
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DRV