Durante los últimos cuatro años, Caminos y Puentes Federales (Capufe) registró 14 mil 321 cierres de casetas. Las plazas de cobro que conectan a la Ciudad de México con Acapulco y de la Carretera Federal 15 de Sonora son las más afectadas.
De acuerdo con estadísticas del organismo, en Sonora hubo 6 mil 845 cierres de enero de 2018 a octubre pasado en seis casetas.
Estas plazas de cobro fueron tomadas por el Movimiento Libre Tránsito en Sonora, grupo que tenía el control desde 2017 ante la falta de vías de tránsito gratuitas, aunque fueron devueltas en agosto pasado.
En cuanto a las autopistas que conectan a la CDMX con Acapulco, hubo 2 mil 367 cierres en seis casetas. La mayoría fueron de organizaciones estudiantiles de la Normal de Ayotzinapa, así como trabajadores de turismo y maestros afectados por la pandemia.
En la lista de Capufe sigue la autopista PC-95 de Durango, con 602 casos, tomada por ejidatarios.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en los últimos dos años se estima la pérdida de 20 mil 814 millones de pesos por esos cierres, acciones en las que han detenido a 404 personas.
El pasado 15 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación para sancionar a quienes, con fines de lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, consideró que se podría violentar el derecho a la libre manifestación de ideas al imponer castigos que van de tres meses a siete años de prisión.
“La sociedad busca, con la protesta, una solución a un servicio trunco o violación de la autoridad; la política de persecución criminal debería encaminarse a la verdadera comisión de delitos, como homicidios, feminicidios o desapariciones, no en detener a gente que protesta en casetas”, expresó.
PAL