PAÍS

Juicio en EU: Definen argumentos contra armerías

Buscan aplicar el principio de que la industria no tiene inmunidad en México

NACIONAL

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ALISTA TRÁMITE. Alejandro Celorio, jurídico de la SRE, prepara la defensa de México para el litigio en EU. Foto: Leslie PérezCréditos: Foto: Leslie Pérez

Para el gobierno mexicano, el principal reto y la clave del litigio contra fabricantes de armas en Estados Unidos es demostrar que esas empresas no tienen inmunidad en México, pues la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) no las protege de los daños causados en nuestro país por prácticas negligentes.

Éste es uno de los argumentos que el gobierno de México perfila detallar en su escrito para responder a las empresas que en noviembre pasado pidieron que se deseche la demanda civil presentada contra estas ante la Corte Federal de Massachusetts, adelantó en entrevista con El Heraldo de México, el consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, quien reconoció que la parte importante en la primera etapa es que el juez determine si la ley de Estados Unidos tiene efectos extraterritoriales.

“Nosotros argumentamos que esta ley no tiene efectos extraterritoriales y, por tanto, nuestra demanda tiene que prosperar”, señaló.

Explicó que en EU esas empresas tienen inmunidad acotada por los daños ocurridos en ese país, por eso las demandas de familiares de víctimas de tiroteos masivos no prosperan.

Sin embargo, dijo, México demanda por daños en su territorio y hay un principio en Derecho que señala que la ley que aplica es donde ocurre el daño.

Otro de los argumentos, dijo, es que las empresas no pueden argumentar inmunidad en ese país si violan leyes estatales que prohíben la publicidad engañosa.

Esto porque publicitan armas de diseño militar como armas de guerra para un mercado de consumidores que legalmente sólo las pueden utilizar para actividades recreativas como caza de ciervos.

Aseguró que las empresas tratan de evitar llegar a juicio porque en esa etapa México presentará pruebas sobre la ruta de las armas desde su fabricación hasta que llegan a manos del crimen organizado y ambos gobiernos tienen esa información, además que cuando se registra un crimen con esas armas se les avisa a los fabricantes, por lo que el juez puede ordenar que den a conocer esos datos.

“Habría que ver si tomaron en los últimos años decisiones de mercadeo y de producción y de distribución con base en el consumo de criminales en México, eso sería gravísimo. Que dijeran ellos, ‘oye qué bien se está vendiendo esta Súper .38 Jefe de Jefes. ¡Pues produce más!’”, señaló.

Al ser cuestionado sobre las opiniones de que la demanda no va a prosperar y que México compra de manera legal a algunas empresas, Celorio aseguró que es frustrante que haya personas que defienden a estos fabricantes y que el gobierno debe comprar las armas por el poder de fuego de los criminales, pues no se les combate con resorteras.

Criticó que, si esos fabricantes saben cómo exportar legalmente y tienen mecanismos de monitoreo y sanción de cadenas de distribución, no hagan lo mismo al menudeo.

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