Vecinos y ejidatarios de alcaldías que cuentan con áreas rurales, suelo de conservación y bosques de la Ciudad de México denunciaron que, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, se ha desatado un fenómeno que es la sustracción ilegal de agua y su venta irregular.
Refirieron que a este delito al que han denominado “huachicoleo de agua”, consiste en que “tanques cisternas suben a los bosques, a los ojos de agua y de manera ilícita cargan para posteriormente venderla”.
Por lo que dijeron se viola su derecho humano al agua, pues “los huachicoleros sustraen hasta 20 mil litros sin permiso de la comunidad y la venden entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos”.
“Los tanques cisternas van hasta 5 veces a la semana a llenar pipas de 20 mil litros”, acusan comuneros y ejidatarios de las demarcaciones.
Ante este escenario, el diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Luis Chávez, propuso que se imponga una pena de dos a seis años de prisión y una multa de 44 mil 810 pesos hasta 89 mil 620 pesos a quien realicen la ilegítima sustracción y apoderamiento del agua.
“Esta situación de la extracción ilegal del agua es un fenómeno que ya se está dando y se requiere frenarlo”, puntualizó.
Expuso que el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), señaló que en 2019 se denunciaron 194 tomas clandestinas del líquido relacionadas con la instalación de válvulas en la red de agua, alteración o violación de la infraestructura externa e incluso bombas de succión en domicilios particulares.
Asimismo, dijo que otra problemática es le robo de alcantarillas, y es que esto significa una perdida de 10 millones de pesos anuales para las autoridades locales.
Añadió que cinco alcaldías son las que concentran el robo o faltante de accesorios de drenaje: Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan.
“En ellas hay decenas de avenidas primarias afectadas, muchas de las cuales son vías rápidas en las que se podría generar un accidente fatal: Circuito Interior, Insurgentes Norte, Constituyentes, Calzada Vallejo, entre otras”, puntualizó.
Por eso, señaló que se impondrá una pena de 3 a 10 años de prisión y hasta 89 mil 620 pesos por el robo y comercialización de tapas de registro o rejillas.
Esta iniciativa busca adicionar un Apartado E, del Artículo 224 del Código Penal para la Ciudad de México, y se reforma el Capítulo II del Título Octavo denominado de las sanciones y medidas de seguridad, reformando el artículo 110, recorriendo el texto del actual 110, para pasar a ser el artículo 110 Bis, Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la ciudad de México.
Esta propuesta fue enviada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Gestión Integral del Agua para su análisis y dictaminación.
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