La organización Melel Xojobal con sede en los Altos de Chiapas, lamentó el aumento de los homicidios, fallecimientos por COVID-19 y suicidios en niñas, niños y adolescentes, sin que existan programas, acciones o presupuestos orientados a reducirlos y prevenirlos.
Bajo el lema “No debieron morir”, Melel Xojobal hizo públicas alarmantes cifras, “prendemos una luz y traemos a la memoria a aquellas niñas, niños y adolescentes que murieron por causas prevenibles y evitables”.
Del año 2019 al 2021, cinco menores de edad indígenas fueron víctimas de homicidios en los municipios Aldama, Chenalhó, San Juan Chamula y San Cristóbal de Las Casas, como consecuencia de los conflictos y violencia armada por el control del territorio y enfrentamientos del crimen organizado.
En este contexto, el 30 de septiembre de este año, en el municipio de Chiapa de Corzo, fue asesinado a golpes por sus “supuestas” cuidadoras, un niño trabajador de 11 años de edad, originario del municipio de Tapachula.
La organización también informó sobre el incremento en las desapariciones de menores que casi se triplicó en este periodo pasando de 183 en 2019, 384 en 2020 y 515 de enero a la fecha; solamente la mitad tienen reporte de localización.
FOTO: Especial
Asimismo, hallaron a 10 menores sin vida (seis hombres y cuatro mujeres) que fueron víctimas de desaparición del 2019 a octubre del 2021. Entre los números alarmantes destacaron el suicidio de adolescentes como otra causa de muerte derivada de las violencias y la ausencia de políticas incluyentes de salud mental, pues de acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, del 2019 a julio del 2021, 52 jóvenes entre 13 a 17 años de edad se quitaron la vida; la mayor incidencia fue en el 2020 con 24 casos; y el registro de este año es de 14.
Mientras la pandemia por el coronavirus también sumó muertes de la niñez en Chiapas, del mes de abril de 2020 al 17 de octubre de 2021, fallecieron 11, en su mayoría de cero a cinco años de edad.
En lo que va de este año, tres adolescentes de 14, 16 y 17 años han sido víctimas de feminicidio. Y ante este panorama denunciaron la falta del Estado en el cumplimiento de la obligación de garantizar, promover y proteger el acceso a una vida libre de violencia y la seguridad de las infancias.
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