Un juez del Tribunal Superior de Justicia decretó la no vinculación a proceso por delito cometido por servidor público, en contra de Miguel Ángel Vázquez Reyes, ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas en la administración de Miguel Ángel Mancera.
Esto por un amparo que el ex servidor público obtuvo de un juez federal por las acusaciones relacionadas con la suspensión de pago de cuotas de jubilados y pensionados para la prestación del servicio médico subrogado que se realiza al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dentro de la carpeta judicial 012/0103/2020-OA.
La Fiscalía General de Justicia informó que, por este caso, solicitará al Consejo de la Judicatura Federal que se investigue al juez que le concedió el amparo con el cual además se canceló la medida cautelar impuesta de prisión preventiva justificada.
La FGJ precisó que, aún así, con dicha resolución la persona señalada no obtendrá libertad, dado que aún se encuentra sujeto a otros dos procesos.
Asegura que a la Fiscalía de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos le asiste la razón, y con argumentos jurídicos sólidos, impugnará la decisión, aunado a que se tiene el conocimiento de que otros jueces federales resolvieron de manera distinta a solicitudes de amparo en ese mismo sentido.
Miguel Ángel Vázquez Reyes, excolaborador de Miguel Ángel Mancera, se encuentra desde el mes de septiembre de este año, en la prisión domiciliaria como testigo colaborador.
El tribunal colegiado confirmó la resolución de un juzgado de distrito que le otorgó la protección de la justicia federal a Vázquez Reyes, al argumentar que el “Ministerio Público no expuso dato de prueba idóneo para demostrar que se ocasionó perjuicio a la hacienda pública, ni siquiera en el grado mínimo probatorio requerido para el dictado de un auto de vinculación a proceso”.
Según las investigaciones de la fiscalía capitalina, Miguel Ángel Vázquez habría provocado un detrimento a la hacienda pública por cerca de 266 millones 642 mil 356 pesos, tras suspender el pago por concepto de cuotas de los jubilados y pensionados.
En otra causa penal, fue acusado de adjudicar en 2017 un contrato de prestación de servicio por 290 millones de pesos y de participar en la creación de tres empresas para la recuperación del impuesto sobre la renta como participación federal para desviar 986 millones de pesos.
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