CONACYT

Reprograman comparecencia de científicos y exfuncionarios del Conacyt

La agente del Ministerio Público encargada del caso tenía sospecha de COVID-19, por lo que no había quien pudiera tomar su declaración

NACIONAL

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La FGR citó a comparecer a los científicos y exfuncionarios del Conacyt. Foto: ArchivoCréditos: Foto: Archivo

Las comparecencias de dos de los 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) investigados por delincuencia organizada y lavado de dinero fueron reprogramadas por sospecha de COVID-19.

Fuentes federales informaron que este martes la exempleada administrativa Mónica “N” acudió a las 11:00 horas a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Sin embargo, le informaron que, debido a que la agente del Ministerio Público encargada del caso tenía sospecha de COVID-19, Mónica “N” no podía rendir su declaración.

Esto derivó en que Rafael Pando Cerón, exdirector de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico del Conacyt tampoco pudo comparecer.

Pando Cerón estaba citado a las 13:00 horas.

Las fuentes consultadas señalaron que la Ministerio Público ya se realizó la prueba y el resultado fue negativo a SARS-Cov2.

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a seis de los científicos y exfuncionarios del Conacyt esta semana.

El pasado 24 de agosto, la FGR solicitó a un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, orden de aprehensión contra 31 científicos por los delitos de delincuencia organizada, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En esa solicitud de los mandamientos judiciales, la FGR señaló que los académicos deben estar en una cárcel de máxima seguridad porque, por su capacidad económica, pueden cometer actos de corrupción en prisiones de mediana y baja seguridad.

“En primer lugar debe señalarse el hecho que se atribuye a los imputados implica la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero. Cuestión que se traduce en que, al tener las personas investigadas una capacidad económica obtenida en forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias; o, incluso, poner en peligro la seguridad interna de las prisiones, por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas, para una evasión”, indicó la FGR.