Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso que todas aquellas personas que dañen muebles o inmuebles, ya sean públicos o privados, reparen el daño causado con trabajo comunitario de hasta 36 horas.
Esto fue impulsado por el legislador morenista, Nazario Norberto Sánchez, quien dijo que el trabajo consistirá en la limpieza, pintura y en su caso, restauración de los mismos,
Por ello, el documento busca reformar la fracción V del artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
“El problema nunca será que las personas ejerzan su derecho a manifestarse, sino esencialmente el tema deriva de aquellas personas que, sin el propósito de ejercer su derecho a la libertad de expresión, se convierten en personas provocadoras que impulsan y generan violencia”, refirió.
Aseveró que en todo momento se debe proteger la libertad de expresión, “pero también se debe poner cierto orden a otros colectivos que en las marchas generan vandalismo y delitos, actos que provocan violencia y agravios físicos contra periodistas, transeúntes y hasta personas que sí se manifiestan pacíficamente”.
Manifestó que lamentablemente algunas de las marchas y manifestaciones, realizadas en la Ciudad de México en los últimos años, han afectado severamente los bienes muebles e inmuebles.
Citó como ejemplo que en 2019, la Secretaría de Cultura Local informó que costó cerca de tres millones de pesos la reparación, mantenimiento y limpieza de los espacios públicos afectados por diversas marchas.
Recordó que al sector privado también le han costado bastante estas manifestaciones, ya que tan solo en 2020, sus pérdidas ascendieron a unos 92 millones de pesos, siendo los más afectados los pequeños negocios, cuyos daños monetarios se estimaron aproximadamente en 70 millones de pesos, y esa situación los pone en un estado difícil, ya que resultaron muy afectados por la pandemia.
Finalmente, subrayó que “todos tenemos derecho a una ciudad habitable y de usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas en nuestra Constitución”.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación.