La falta de productos de higiene menstrual obliga a las internas de cárceles a usar calcetines, un pedazo de tela o una toalla sanitaria durante más de 48 horas, por lo que estos insumos se convirtieron en artículos de lujo.
Así lo detectó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en revisiones a prisiones de mujeres, pues en agosto de 2020, una visitadora acudió al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, en Campeche, y observó que daban toallas sanitarias gratuitas, pero al cuestionar a las internas, éstas aseguraron que los productos se colocaron un día antes de su llegada.
Casi dos meses después, personal del organismo nacional acudió al Centro de Reinserción Social Femenil de Tijuana, en Baja California y las internas señalaron el alto costo de las toallas en la tienda de la prisión, pues ocho piezas cuestan 120 pesos, cuando en el mercado oscila en 33 pesos aproximadamente.
La historia en otras cárceles es similar, a las internas de recién ingreso no les dan compresas. Autoridades penitenciarias reconocieron que no existe una partida presupuestal para adquirir los productos, por lo que dependen de donaciones o de familiares.
“Los centros penitenciarios de la República Mexicana mayormente cuentan con toallas femeninas donadas, proporcionadas por familiares o adquiridas en tienda; sin embargo, los elementos de gestión menstrual no se limitan a tal producto sino también incluye el uso de tampones, copas menstruales, esponjas marinas y ropa interior absorbente, a los cuales no tienen acceso”, indicó la CNDH a Mente Mujer.
El Centro Federal de Readaptación Social en Coatlán del Río, Morelos, informó que mensualmente a las reclusas se les dan 15 toallas, si alguna presenta alteraciones en su ciclo se les proporcionan más, pero son insuficientes.
LAS ACCIONES
La situación de las mujeres en reclusión durante su menstruación llevó a la CNDH a realizar una investigación de oficio que derivó en la recomendación 35/2021, que ordena a los gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México incluir en el próximo proyecto de presupuesto de egresos, la propuesta para asignar a las autoridades penitenciarias el recurso para comprar productos de higiene menstrual.
Además, los mandatarios estatales, así como el comisionado de Prevención y Readaptación Social y al secretario de la Defensa Nacional —por las prisiones militares—, en máximo seis meses, deben evaluar si es viable el uso de copas menstruales y de ser así, deben proporcionarlas.
Con la Profeco hay el compromiso de firmar convenios, para que se verifique que las tiendas de las cárceles no rebasen el precio máximo establecido.
También deberán enviar las constancias que acrediten el debido cumplimiento de la recomendación. La CNDH señaló que no dar acceso a una higiene menstrual digna es un acto de discriminación.
"No contar con una toalla femenina dentro de prisión es violencia; violenta tu cuerpo al obligarte a ponerte calcetines, trapos o papel de baño".
PAL