A un año de establecido el Consejo de Asuntos Internos, la Fiscalía General de Justicia ha investigado a 48 servidores públicos por diversas causas administrativas y, luego de tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias, 43 de ellos fueron sancionados.
La FGJ precisa que, de ese universo, 20 personas fueron destituidas de su cargo, 12 fueron suspendidas y 11 amonestadas, mientras que resalta que a cinco servidores públicos no se les encontró responsabilidad administrativa alguna, tras llevarse a cabo las investigaciones correspondientes.
Entre los casos de servidores públicos sancionados, destaca uno de diciembre de 2019, cuando la evaluación realizada por la Fiscalía capitalina a un agente del Ministerio Público, detectó que este, había sido acusado de torturar psicológicamente a una persona para que se declarara culpable.
Además, no realizó las investigaciones necesarias para esclarecer un homicidio, ya que omitió recopilar datos para la investigación al considerarlo innecesario e hizo mal uso de la información vulnerable de los casos y habría ordenado a su oficial secretario manipular información de varios oficios.
En ese mismo periodo, con la misma evaluación que fue practicada a una agente del Ministerio Público, se pudo conocer que ella se llevaba las carpetas de investigación a su domicilio, así como información en formatos físico y digital; incluso, aprovechó su posición como funcionaria para obtener beneficios económicos, al vender, filtrar y alterar la información.
En otro hecho, un Oficial Secretario solicitó dinero en efectivo a una persona, a fin de liberar a un detenido que se encontraba en la agencia del MP Iztacalco 3, por el delito de portación de objetos aptos para agredir.
En septiembre de 2020, una agente del Ministerio Público solicitó dinero en efectivo a los padres de una víctima fallecida, a fin de entregarles copia de la carpeta de investigación; además, para la entrega del cuerpo, los condicionó a contratar los servicios de una funeraria en específico.
Otro sancionado es de octubre de 2020, al no investigar un caso de violencia familiar con perspectiva de género y no clasificarlo de forma adecuada como posible tentativa de feminicidio. Por ello, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía en Xochimilco fue destituido, luego de que además, omitió nombrar un asesor jurídico para la víctima y exponerla con los familiares de la persona agresora.
Un caso más, es el de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía en Iztapalapa, quien contribuyó en la liberación indebida de una persona que fue detenida por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, ya que habría determinado que la sustancia hallada al investigado no era psicotrópica; sin embargo, el análisis pericial al indicio determinó que se trataba de Clobenzorex, que una sustancia psicotrópica.
Por otra parte, la Unidad de Asuntos Internos determinó que mientras se llevan a cabo diversas investigaciones, se suspendió temporalmente a otros 76 funcionarios, de los cuales, 42 son agentes del ministerio público, 21 oficiales secretarios, ocho responsables de agencia y cinco peritos.
En diversas ocasiones, la dependencia que encabeza Ernestina Godoy ha señalado que no tolerará conductas al margen de la Ley en las que puedan estar relacionados servidores y servidoras públicas de la institución, por lo que refrenda su compromiso de investigar y sancionar este tipo de conductas, a fin de evitar la impunidad.
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