Cuarenta y siete asesinatos cometidos en la ciudad costera de Acapulco, Guerrero, entre agosto y septiembre pasados, colocan a este puerto turístico como la quinta ciudad más violenta de México, de acuerdo con datos del gobierno federal.
El repunte de hechos acreditados al crimen organizado se concentra en la zona turística tradicional, partes altas y en la periferia del municipio.
En la ciudad porteña, hace dos meses inició la implementación del Plan Nacional de Paz, como parte del programa prioritario en las zonas con mayores índices de violencia, sin embargo, a pesar de los operativos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y policías locales, el municipio cayó, en sólo cinco meses, del lugar 12 al cinco en el ranking nacional, por sus altos índices de inseguridad.
En la primera semana del nuevo gobierno de Abelina López, del 30 de septiembre al 7 de octubre, se cometieron siete asesinatos, cuatro autos fueron incendiados y hubo siete heridos en cuatro ataques a comercios. Además, se registraron dos ataques armados entre civiles, un auto robado, dos asaltos, cuatro mujeres menores de edad y dos hombres desaparecidos.
En los últimos ocho días, las cifras se duplicaron: 15 personas fueron asesinadas, entre ellas mujeres, de los cuales, cada día, se cometieron entre dos y tres. Frente al panorama de inseguridad la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del municipio no ha informado sobre alguna estrategia para controlarlo.
En entrevista con El Heraldo de México, el nuevo secretario de la SSP Acapulco, Maximiliano Serrano, capitán de Marina, recomendado a Abelina López para ocupar el cargo por su preparación en temas de seguridad, sostuvo que el que fue paraíso de turistas “está dividido en 11 áreas prioritarias”, en los que trabajan fuerzas federales, Policía Preventiva y la dependencia que cuenta con 33 patrullas y “deterioradas”.
A la par de la crisis violenta que va en aumento, la SSP de Acapulco planea dar de baja a 300 agentes de distintas áreas de su corporación.
Por ello, este jueves policías municipales tomaron las instalaciones. De acuerdo con los inconformes, además de los despidos, también se retuvo la primera quincena de octubre a más de 900 trabajadores. La autoridad negó que aliste despidos y aseguró que se comenzó a pagar a los agentes.
PAL