Diputados de Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados propusieron modificaciones a la Ley del Impuestos Sobre la Renta para limitar las aportaciones de personas físicas y que son consideradas donatarias autorizadas a las más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil que reciben y se mantienen de estas.
Es decir, la medida busca limitarlas mediante el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR), así el monto máximo que podrá deducirse es el 7 por ciento de la utilidad fiscal en caso de ser persona moral o ingresos acumulables del ejercicio fiscal inmediato anterior para personas físicas.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Tania Ramírez, Directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, comentó que las organizaciones de la sociedad civil serían gravemente afectadas, ya que entre un 30 y un 90 por ciento de ellas reciben casi el 90 por ciento de sus ingresos de donaciones, de personas donatorias autorizadas.
Aseguró que esta restricción pondrá en jaque la posibilidad que tienen las personas contribuyentes de elegir la cultura de la donación y apoyar a otras instituciones y esto también representaría un obstáculo para que las organizaciones sigan operando.
Muchas de ellas han tenido que despedir a su personal y eso impacta de manera directa a los grupos de población que se atiende, ya que casi el 30 por ciento de las organizaciones que tienen el carácter de donataria autorizada se dedican a apoyar a la infancia, desde cuestiones como asistencia, albergues, educación.
"Hay un impacto a las organizaciones, pero lo que hay que ver es el impacto a la población beneficiaria, niñas niños y adolescentes que son hoy por hoy la tercera parte del país, y son un grupo de población que reúne el mayor índice de pobreza y pobreza extrema, entre el 40 al 40.3 por ciento", explicó.
Finalmente, indicó que en un momento de crisis sanitaria y la consecuente crisis económica, mermar la cultura de la solidaridad y el apoyo a las organizaciones es algo que no abona y es una medida desproporcionada, no le va a representar tanto al erario, sin embargo, si le podría representar la vida y la subsistencia a las organizaciones.
"Nos parece una medida regresiva en términos de derechos y concretamente a las organizaciones de la niñez no está alineada con el principio de interés superior de protección a la niiñez que está en nuestra Constitución".
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