El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los resultados finales de la consulta popular del pasado 1 de agosto, en la que la ciudadanía fue consultada si estaba de acuerdo o no con abrir un proceso de investigación contra las acciones realizadas por actores políticos del pasado, mejor conocida como juicio a expresidentes.
Lo anterior, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió todas las impugnaciones correspondientes.
En sesión extraordinaria, este miércoles el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que la consulta se llevó a cabo con total apego a la Constitución y subrayó que con la finalidad de robustecer la certeza de la consulta y evitar especulaciones, el instituto realizó un conteo rápido que posibilitó que la misma noche del ejercicio se pudieran conocer estimaciones, tanto del porcentaje de la participación ciudadana como del sentido de las opiniones emitidas.
La autoridad electoral señaló que, aunque la participación ciudadana fue del 7.11 por ciento, resulta una cifra histórica que más de 6.6 millones de personas hayan emitido su opinión, toda vez que representa el mayor número de ciudadanos que han participado en una consulta popular.
Aseguró que el instituto no escatimará su capacidad técnica y profesional para llevar a cabo cualquier ejercicio, como promete hacerlo en caso de que proceda la consulta de revocación de mandato prevista para marzo de 2022.
La pregunta que apareció en la papeleta de la consulta popular del 1 de agosto fue: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
Córdova afirmó que el trabajo realizado por el INE “acredita, una vez más, el profesionalismo y el compromiso de la autoridad electoral con los mecanismos democráticos reconocidos en la Constitución”.
En su intervención, el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina destacó que el ejercicio de participación ciudadana se desarrolló en orden y sin contratiempos relevantes, lo que permitió al INE que la misma noche de ese domingo dieron inicio los cómputos distritales y, al día siguiente, el cómputo total, la declaratoria de resultados y la determinación del porcentaje de participación ciudadana.
“A partir de entonces inició el periodo para presentar impugnaciones previo a que la autoridad administrativa electoral estuviera en condiciones de declarar la validez de la Consulta Popular”.
En todas las actividades realizadas por el INE para implementar la primera Consulta Popular a nivel federal, agregó el Secretario Ejecutivo, “se siguieron los más estrictos estándares de calidad y profesionalismo que exige la ciudadanía y las normas de participación democráticas”.
Al respecto, la Consejera Dania Ravel reconoció a los 144 mil 522 ciudadanos que capacitaron y participaron como funcionarias y funcionarios de mesa receptora de opinión, que hicieron posible que se instalara el 99.99 por ciento del total de las previstas, un total de 57 mil 70 mesas receptoras.
El Consejo General también aprobó por unanimidad la destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes y las impresiones de la Lista Nominal de Electores del Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como de las papeletas con opiniones válidas y nulas, papeletas sobrantes y las impresiones de la Lista Nominal de Electorales de la Consulta Popular 2021.
La Consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Organización Electoral, explicó que la destrucción de la papelería electoral se realizará bajo estricta supervisión y observándose en todo momento las medidas de seguridad.
“Mediante este acuerdo el INE refrenda su rol como institución socialmente responsable y lo hace por una doble vía. En primer lugar, asegurando la destrucción de la documentación electoral bajo procedimientos ecológicos no contaminantes y que posibilitan el reciclaje del papel, es decir, por ningún motivo la destrucción deberá realizarse por incineración, entierro o cualquier otro medio que tenga efectos contaminantes”, aseguró.
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