Los integrantes de ambos patronatos de la Universidad de las Américas de Puebla indicaron que la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Estado de Puebla les dio la razón, lo que implica que recuperan –cada quien en su análisis– el control de la casa de estudios.
Ambos grupos emitieron sendos comunicados este día. El nuevo patronato de la UDLAP aseguró que continuará al frente de la institución educativa, pues la resolución judicial dejó inconsistente el amparo de la familia Jenkins, pues señalaron que el tribunal declaró improcedente una queja que presentó la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.
Explicó que el Juez de Amparo no suspendió los actos de la Junta, señalando textualmente que: “se advierte que los actos atribuidos en la demanda de amparo a las citadas Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada y Junta de Asistencia Privada, ambas del Estado de Puebla, no fueron abordados por la suspensión provisional por no haberse solicitado respecto a ellos”.
Testigo aporta información a la FGR que inculpa a la Familia Jenkins en el desfalco de la UDLAP
Agregó que, por lo anterior, el tribunal colegiado confirmó la negativa del juez de distrito, lo que implica que el nuevo patronato de la FUDLAP seguirá en funciones y la Familia Jenkins y Luis Ernesto Derbez permanecen fuera de la Universidad.
En tanto, Enrique Rodríguez, vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, indicó que ésa no era la resolución oficial, ya que en realidad el nuevo patronato había perdido la queja y por sexta ocasión, la autoridad solicitaba la restitución de las instalaciones.
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En su caso, dijo que el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en Puebla ha dado la razón de forma unánime a la Fundación Mary Street Jenkins y al patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, que preside Margarita Jenkins de Landa para que el campus de la UDLAP sea liberado y la vida académica de la institución regrese a la normalidad.
Esto significa que la suspensión de amparo que obliga a la devolución de las instalaciones, invadidas desde el pasado 29 de junio, es irreversible y otorga la razón al equipo jurídico de la Fundación, de Margarita Jenkins, que ha obtenido una resolución incontrovertible para que se acate el mandato dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, que obliga a devolver el campus en Cholula.
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