¿Qué es soberanía digital? En su versión más simple, el concepto de soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad sobre un territorio determinado. En el contexto de la teoría política, está asociado con el poder político correspondiente a un Estado independiente, el cual puede ser ejercido por la autoridad nacional sin interferencia de amenazas externas.
Desde sus orígenes allá en el siglo XVI, este concepto ha marcado de forma notoria el derrotero de las relaciones internacionales; en nombre de la defensa de la soberanía nacional se han llevado a cabo las más devastadoras guerras y es la soberanía popular el fundamento de la mayoría de los sistemas de gobierno vigentes a nivel global.
Independientemente de la acepción de soberanía retomada por cada país, un elemento común es el de territorio. La soberanía de un país termina en la frontera, y ahí mismo comienza la soberanía de la nación vecina.
¿Qué pasa cuando no existen fronteras, como es el caso del ciberespacio? ¿Cuáles son los límites y alcances que tienen un Estado y su población en materia de soberanía digital? Estas preguntas son cada vez más recurrentes entre gobiernos de todo el mundo.
El tema cobra mayor relevancia en la agenda pública a raíz de la pandemia de COVID-19, la cual ha acelerado de forma drástica la digitalización de múltiples sectores, tanto públicos como privados, y con ello, profundizado la dependencia en actores privados que comercializan el acceso a la red, a las tecnologías vinculadas al ciberespacio, y a los contenidos generados en el mismo.
Un estudio del Consejo de Expertos en materia de Asuntos del Consumidor, de Alemania, plantea a la soberanía digital como la capacidad de actuar y la libertad de decidir que tienen los consumidores en el ciberespacio.
En esta lógica, correspondería al Estado generar condiciones que prioricen los derechos del público que diariamente interactúa con Internet frente a los intereses de terceros, que en este caso no son otros Estados, sino corporaciones multinacionales que no entienden de nacionalismos o proteccionismos.
Países como China, Singapur, Rusia, Chile o Alemania, están en distintas fases de implementación de agendas digitales las cuales contemplan aspectos regulatorios que obligan a los proveedores a cumplir una serie de obligaciones que van desde garantizar la privacidad de los datos de los usuarios hasta la generación de accesos o puertas traseras a los sistemas para las autoridades.
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¿Cómo estamos en México en materia de soberanía digital?
Desafortunadamente, con un retraso considerable. Tres ejemplos. En caso de alguna disputa o conflicto entre el usuario y los servicios digitales de mayor uso (redes sociales, streaming de contenidos, comercio electrónico), dado que son de origen extranjero la gran mayoría, las resoluciones deben darse en tribunales fuera de México.
En el ámbito de la ciberseguridad, tampoco hay responsabilidades notorias en caso de que ocurran violaciones a las bases de datos de dichos servicios que terminen exponiendo datos personales de usuarios mexicanos.
Por último, si alguna autoridad de los países en los cuales tienen sus sedes estos servicios solicita información de usuarios mexicanos, dado que estos no están resguardados en servidores basados en nuestro país, no hay nada que impida que las empresas de servicios digitales los entreguen.
Estos son solo algunas muestras de cómo en México distamos mucho de contar con una auténtica soberanía digital. No todo está perdido. Aún hay oportunidad para generar legislación que asigne responsabilidades a proveedores de servicios digitales.
A esto se debe sumar la creación de una autoridad responsable de articular la política nacional de ciberseguridad. Son ideas para dar pie a un debate mucho más amplio, que es muy necesario para nuestro país.
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Por: Amaury Fierro, maestro en inteligencia y CEO de OSINT Latinoamérica. Twitter @Cerebros_Fuga amaury@osintlatinoamerica.com