La Agencia antidrogas (DEA) no aportó documentación que acredite quién otorgó el “permiso” para las intervenciones telefónicas que derivaron en la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por lo que no tienen valor jurídico.
Así lo determinó la Fiscalía General de la República en el acuerdo de no ejercicio de la acción penal a favor del General, ya que según la DEA, la indagatoria inició por unos distribuidores minoristas de heroína en Las Vegas, abastecidos por una organización criminal de Nayarit.
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La indagatoria de Estados Unidos se basó en las intercepciones electrónicas autorizadas previamente por una corte estadounidense a unos dispositivos utilizados por los distribuidores de Las Vegas y en 2016 se obtuvo “permiso” para intervenciones del fuero federal , pero ninguna en territorio mexicano.
“Esas expresiones del representante de la...(DEA) dejan claro que la presunta autorización de una corte estadounidense fue respecto de dispositivos de comunicación de minoristas de droga que operaban en el Estado de Nevada, EUA, autorización que no está corroborada pues no fue aportada documentación que lo acredite.
“Y por otro lado, expresa que en 2016... permiso para efectuar intercepciones del dispositivo de... y a ese efecto vale destacar que nunca se precisó qué autoridad es la que presuntamente otorgó ese permiso, ni se aportó la documentación que acreditara quién lo otorgó, lo que imposibilita dar valor jurídico a cualquier intervención telefónica que en esos términos se hubiera realizado", indicó la FGR.
La Fiscalía mexicana indicó que, en ningún momento se afirmó que no exista autorización judicial, sólo que las autoridades estadounidenses no entregaron documentos que lo acreditaran cuando se les pidieron todas las pruebas del caso.
“A falta de esa autorización, es imposible jurídicamente hacer uso legal de comunicaciones como las que fueron allegadas mediante asistencia jurídica internacional”, explicó la FGR.
Por: Diana Martínez