El monto de las utilidades a repartir (PTU) en las empresas que ofrezcan servicios especializados (y realicen subcontrataciones) es el principal diferendo entre el gobierno federal y los empresarios en materia de outsourcing.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro acordó el lunes que la propuesta presidencial se discutiría el jueves. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó ayer prorrogarlo, en tanto se hacen los ajustes acordados con la IP.
“Hay una mesa de discusión con el Ejecutivo y nos han solicitado una semana más”, explicó el panista, Juan Carlos Romero Hicks, y adelantó que los diputados se van a incorporar a las negociaciones.
En las reuniones, los empresarios han planteado que las oferentes de servicios especializados no estén obligadas a cumplir con el reparto de 10 por ciento de utilidades netas anuales entre sus trabajadores.
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“Su interés es que se acepte la posibilidad de disminuir el porcentaje e, incluso, el periodo para calcularlas”, dijo el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.
Subrayó que lo pactado por el Presidente y los empresarios, el 30 de noviembre, “de ninguna manera” pasa por eliminar lo más importante de la reforma: obligar a las empresas a reportar al IMSS los salarios reales de sus trabajadores.
“Ya no hay marcha atrás en la desaparición del actual esquema de subcontratación que permitía la simulación”, agregó.
La iniciativa para eliminar la subcontratación indebida establece que una empresa podrá recurrir a otra que ofrezca servicios especializados para que le ayude a contratar personal para realizar tareas que no corresponden a su giro esencial.
La Secretaría del Trabajo constituirá un padrón de compañías de servicios especializados, que deberán declarar salarios íntegros al IMSS y dar prestaciones de ley.
Por Nayeli Cortés, Iván E. Saldaña y Misael Zavala