Durante los últimos tres años han muerto 80 policías en Baja California “por diferentes causas, 20 en cumplimiento de su deber desde noviembre del 2017; por lo que se debía haber empezado a trabajar en la reglamentación para la seguridad social de las y los policías”, señaló Alejandro Monreal, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de Baja California (Ceapbc).
En ese contexto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) dirigió una Alerta Temprana a los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate y Tijuana, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que emitan las disposiciones reglamentarias y medidas necesarias para desarrollar y hacer efectivo el derecho a la seguridad social de las y los policías municipales y estatales.
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El ombudsperson, Miguel Mora, señaló que, quienes integran las instituciones policiales, viven en un alto estado de vulnerabilidad debido a la naturaleza de sus funciones. En este contexto, el fortalecimiento institucional es uno de los mayores retos en materia de seguridad ciudadana, pues este es uno de los elementos base dentro de las acciones coordinadas que inciden en mejorar las condiciones de seguridad para la población.
Por su parte, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) del estado, profundizó en el tema, al afirmar que se necesita revisitar lo planteado en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, dispuesto por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en donde se habla de las prestaciones laborales a las que tienen derecho las policías para un efectivo fortalecimiento de estas.
Cabe mencionar que, el 8 de julio de 2020, el Organismo radicó el expediente CEDHBC/TIJ/632/20/4VG, derivado de la Queja presentada por el CCSP, en donde señalan la presunta violación de derechos humanos en perjuicio de quienes conforman las distintas corporaciones policiales municipales de seguridad pública en Baja California, por la falta de seguridad social, entre otras prestaciones y condiciones laborales.
A partir de este expediente se elaboró la Alerta Temprana, actuación que, afirma Miguel Mora, no implica que el expediente al que se hace alusión se haya concluido, sino que se observan posibles violaciones a derechos humanos que, por obvias razones, resultan de interés general. Por lo que el pronunciamiento tiene como objetivo prevenir violaciones a derechos humanos, buscando el cumplimiento del derecho humano a la seguridad social de quienes integran las corporaciones policiacas, estatales y municipales en Baja California.
Por Atahualpa Garibay