Activistas de diversas asociaciones y colectivas de Yucatán acudieron al Congreso del Estado para presentar una iniciativa de ley ciudadana que busca castigar la violencia institucional que sufren las mujeres todos los días. Exigen castigo de dos a seis años de prisión a las funcionarias y los funcionarios que cometan este tipo de agresiones.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, explicaron que aunque la violencia institucional está incluida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en realidad no se contemplan acciones punitivas, por lo que plantean reformar el Código Penal para que sea efectiva.
“Hay un incremento en las violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones de Yucatán, como la Secretaría de las Mujeres, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Fiscalía General, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, entre otras. Siguen maltratando a las mujeres y son omisas ante estas violaciones”, declaró Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en la entidad.
Junto con otras activistas y académicas, explicó que durante un mes trabajaron esta iniciativa, acompañadas de abogadas y abogados, para poder entregársela a las y los diputados “para que sólo pongan su nombre y la aprueben”.
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La exigencia principal es que se sancione con dos a seis años de cárcel a aquellos funcionarios que cometan violencia institucional.
Por su parte, la académica Ligia Vera Gamboa lamentó que estas violencias están aumentando “y no pasa nada”, prevalece la impunidad, por lo que esperan que el Congreso local retome la iniciativa y la apruebe.
Por Herbeth Escalante