Se le conocía como Godfather (Padrino), hay comunicaciones que fueron intervenidas y que muestran que tuvo contacto directo con uno de los líderes del cártel H-2, organización criminal que, con su ayuda, pudo operar sin intervención del Ejército mexicano e importar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana a Estados Unidos.
Se trata del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien ayer llegó a las 18:40 horas al hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), en el aeropuerto de Toluca, abordo de una aeronave Gulfstream 4, matrícula N40VC, del gobierno de Estados Unidos, la cual procedía del Aeropuerto de Nueva Jersey.
Acusaciones bajo reserva
Vestía traje oscuro y corbata cuando ingresó a una sala privada, se le practicó un examen médico y se le notificó de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado; hasta las acusaciones se mantienen bajo reserva.
El general en retiro proporcionó un domicilio en la localidad mexiquense de Naucalpan, para ser localizado y notificado de cualquier acción en su contra y a las 19:12 horas se retiró.
Cienfuegos llega a México repatriado y sin pisar la cárcel. Ayer, durante sólo 15 minutos, compareció en la Corte Federal de Distrito del Distrito Este de Nueva York, y fue cuestionado por la jueza Carol Amon si temía ser perseguido en México, a lo que él respondió de forma negativa.
El fiscal Seth DuCharme dio a conocer los motivos para solicitar que se desestimaran los cargos de conspiración para importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos y lavado de dinero.
Conceden solicitud
“La continuación de este enjuiciamiento va en contra de los intereses de EU, en las relaciones exteriores, en particular la relación de EU con México y los esfuerzos cooperativos para hacer cumplir la ley que se refieren al caso”, aseguró el fiscal.
La jueza dijo que está limitada para impedir al gobierno de Norteamérica retirar los cargos, ya que es difícil obligar a un Estado a llevar a juicio a alguien a quien no quiere procesar.
“No hay indicios de que esta solicitud se realice de mala fe o de que aceptar el razonamiento del gobierno vaya en contra del interés público, por lo que concederé la solicitud”, señaló la impartidora de justicia.
Por Diana Martínez