El pasado 29 de septiembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, un nuevo ordenamiento que jurídicamente reconoce en México este fenómeno y en consecuencia obliga al Estado a garantizar derechos a las víctimas.
El objetivo es hacer cumplir al Estado en el sentido de prevenir, sancionar y reparar las violaciones de las víctimas; sin embargo, esto no es una tarea sencilla.
Así lo informó Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) durante una entrevista radiofónica con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez a través de la señal de El Heraldo Radio.
No hay presupuesto suficiente
En este sentido informó que no cuentan con el presupuesto necesario, pues además destacó que se esperan que las cifras de personas bajo un panorama de desplazamiento forzado interno se disparen gradualmente en el último trimestre del año.
La ley ya se aprobó en el pleno, pero no hay presupuesto, ya está en el Senado y debe reglamentarse, (...) La Comar tiene presupuesto para el tema de refugiados pero para el desplazamiento forzado interno se requiere presupuesto especial”, aseveró.
En qué consiste la nueva ley
La nueva ley, que pasa a revisión del Senado de la República, define el desplazamiento forzado interno como la situación en la que las personas o grupos se ven forzados u obligados, de manera expresa o tácita, a escapar o huir de su hogar como resultado de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de violaciones de derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humanos y que han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
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