Un escalofriante incidente se registró en una prisión al sur de Nápoles, en Italia, hace unos días, cuando un recluso diagnosticado con problemas psiquiátricos, protagonizó un acto de canibalismo al arrancarle un dedo a otro detenido y tragárselo durante una pelea.
Y aunque la autoridad judicial ordenó de inmediato su traslado a un centro psiquiátrico, hasta el momento no se ha encontrado ninguna institución que acepte acogerlo. Esta situación ha generado una gran alarma entre los sindicatos de la policía penitenciaria, que denuncian la falta de recursos y personal especializado para hacer frente a este tipo de casos.
Según la Unión de Sindicatos de Policía Penitenciaria (USPP), "en el territorio metropolitano de Nápoles no existen instalaciones adecuadas donde acoger a los internos con patologías psiquiátricas".
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Advierten escasez de instalaciones
La escasez de psiquiatras y la insuficiencia de las residencias con medidas de seguridad están agravando la situación, obligando a los agentes penitenciarios a lidiar con situaciones cada vez más peligrosas y complejas.
El caso de Nápoles no es aislado. En toda la región de Campania, los sindicatos denuncian un déficit de personal de 800 unidades. Esta falta de efectivos se traduce en jornadas laborales extenuantes y condiciones de trabajo precarias para los agentes, que se ven obligados a hacer frente a situaciones de riesgo sin la protección adecuada.
Además del incidente en Poggioreale, otro preso con problemas mentales agredió esta semana al personal de la cárcel de San Angelo de Lombardi, causando daños en la estructura.
¿Qué soluciones proponen?
Los sindicatos exigen al gobierno italiano que tome medidas urgentes para resolver esta crisis. Entre las demandas más importantes se encuentran:
- El envío urgente de personal médico especializado en psiquiatría a las cárceles.
- La construcción de nuevas instalaciones adecuadas para el tratamiento de presos con enfermedades mentales.
- La contratación de más personal penitenciario para garantizar la seguridad de los internos y de los agentes.
Advirtieron que la falta de atención a este problema no solo pone en riesgo la vida de los presos y del personal penitenciario, sino que también constituye una violación de los derechos humanos.