Tras la crisis que se desató en Venezuela por el descontento ante los resultados electorales, en el que supuestamente salió victorioso Nicolás Maduro para un tercer mandato, una amplia cantidad de organizaciones y ciudadanos han externado su preocupación por la brutalidad policiaca que han sufrido quienes han salido a las calles para manifestarse y rechazar la derrota de Edmundo González, candidato de la oposición.
María Oropeza, coordinadora del Comando Nacional de Campaña de la Plataforma Unitaria Democrática, ha sufrido parte de estos abusos. Durante una transmisión en vivo de su cuenta oficial de Instagram, grabó el momento exacto en que funcionarios de la Contrainteligencia Militar entran a la fuerza a su domicilio para privarla de su libertad.
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Comando con Venezuela denunció el secuestro de su colaboradora y acusaron que las autoridades ingresaron al domicilio sin orden judicial. Por su parte, la Fiscalía de Venezuela no ha confirmado información en torno al caso de Oropeza, por lo que se deberá esperar a las declaraciones de la dependencia.
"Me gustaría que me digan cuál es la orden de allanamiento", solicita Oropeza mientras un grupo de hombres intenta ingresar a la fuerza. Al preguntar el nombre de uno de los oficiales, le responden que el comisario Zambada es parte del operativo, sin embargo, no se le aclara la razón de su detención.
El partido Vente Venezuela ha afirmado que se encuentran cerca de mil personas detenidas "arbitrariamente" por ejercer su derecho de manifestación, ante los resultados de la jornada electoral del 28 de julio. Señalaron al gobierno como un régimen que comete detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas durante horas, e incluso días, por lo que el cese a la persecución y libertad para los presos políticos.
Exjefes de Estado condenan la violencia en Venezuela
La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) condenó a través de un comunicado la violencia y persecuciones que ha sufrido el pueblo de Venezuela, así como el candidato de la oposición, Edmundo González, a manos del gobierno de Nicolás Maduro.
"Tal acción, despótica y abiertamente inconstitucional como contraria a los tratados internacionales de derechos humanos, intenta criminalizar a quienes defienden el respeto de la soberanía popular por la Fuerza Armada y quienes detienen el poder de las armas en el país", menciona el comunicado.
edg