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Caso Rolexgate: Fiscalía de Perú denuncia constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte

La Fiscalía de Perú compartió los pormenores de la denuncia en redes sociales

MUNDO

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Dina Boluarte es acusada de enriquecimiento ilícitoCréditos: X/@@DinaBoluarteZ

A través de redes sociales, la Fiscalía de Perú hizo público este lunes, que se realizó una denuncia constitucional en contra de Dina Ercila Boluarte Zegarra, presidenta del país latinoamericano, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado en el marco del 'caso Rolex'.

La Fiscalía compartió un comunicado en X, antes Twitter, en el que explica que se considera a Dina Boluarte como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado peruano. Este caso comenzó a ser investigado desde el pasado 18 de marzo de 2024.

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"Los hechos están referidos a que la investigada habría recibido --en calidad de donación-- del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta".

Este organismo ha informado que esta medida la ha llevado a cabo el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. La denuncia recaerá en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde los parlamentarios tendrán que decidir si iniciar el proceso respectivo.

La Presidenta de Perú es investigada desde el 18 de marzo
Créditos: X/@DinaBoluarteZ

El juez del Tribunal Supremo de Perú, Juan Carlos Checkley, rechazó un recurso presentado por Boluarte contra una investigación en curso. La defensa de la mandataria argumentó que se vulneraron sus derechos a la defensa y la igualdad de partes, ya que la Fiscalía no le permitió participar en ciertas diligencias relacionadas con la recopilación de información de fuentes abiertas, como informes publicados en medios de comunicación.

Boluarte está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado, debido a la posesión de varios relojes de lujo que ha exhibido en diversas ocasiones. Estos relojes y joyas no fueron declarados en sus declaraciones juradas y representan un aumento patrimonial significativo sin justificación aparente. Tanto la Policía como la Fiscalía llevaron a cabo registros en el Palacio de Gobierno y la residencia personal de la mandataria.

Una denuncia constitucional se aplica a quienes cometen un delito en uso de sus funciones como servidor público
Créditos: X/@DinaBoluarteZ

¿Qué es el caso “rolexgate”?

Por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos, Dina Boluarte, presidenta de Perú desde 2022, comenzó a ser investigada el pasado 18 de marzo. Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del Fiscal de la Nación.

Las investigaciones contra la mandataria giran entorno a una colección de 15 relojes de lujo, entre los que se encuentra uno de la marca Rolex con un precio de 19 mil dólares, que no ha consignado en su declaración de bienes ni ha justificado debidamente. Esto sucede dos años después del golpe de estado contra Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra preso. 

El caso esta relacionado con 15 relojes de lujo
Créditos: Pixabay

¿Qué es una denuncia constitucional, como la que recibió Dina Boluarte?

La Real Academia de la Lengua Española define una denuncia como el acto de cualquier persona de relatar, narrar o señalar ante autoridades hechos constitutivos de presuntas faltas administrativas o delitos. Cada país cuenta con sus propios mecanismos de justicia, a los cuales acercarse en caso de sufrir una injusticia.

En el caso de Perú, se describe una denuncia constitucional cuando se hace por infracción de la Constitución y por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de haber cesado en éstas puede interponer la Comisión permanente ante el Congreso contra el presidente de la República, los representantes a Congreso, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el Defensor del Pueblo y el contralor general.

Con información de Europa Press

LA/TJM