España está a la cabeza de Europa con una ley pionera que permitirá a las mujeres darse de baja por menstruación dolorosa e incapacitante, la medida contempla en principio tres días prorrogables a cinco con un diagnóstico previo de un médico.
El pago de los días que la mujer esté de permiso será abonado por la Seguridad Social, no por la empresa, para evitar que las mujeres sean estigmatizadas.
Estas bajas podrán tener carácter anual, a renovar de año en año, según el historial clínico de la paciente.
La baja por la regla se equipará a la baja por enfermedad común. Con esta futura legislación, España se pone al nivel de Japón, Indonesia y Zambia.
Para la ministra de Igualdad, Irene Montero del Partido “Unidas Podemos”, que gobierna en coalición con el Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez, la nueva legislación supone un avance histórico en los derechos feministas.
Entre los requisitos para solicitar la baja laboral se pide un certificado médico con dos copias, una para la empleada y otra para la empresa. La propia trabajadora podrá entregarla al departamento de Recursos Humanos o podrá enviarla a través de otra persona en su nombre.
Para cobrar la baja, la empleada debe estar afiliada a la Seguridad Social y percibirá una cantidad del porcentaje de su sueldo, según los días que se ausente.
El proyecto de ley contempla en su texto “que la mujer tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por esta contingencia. Se trata de dar una regulación adecuada a la situación patológica que supone la menstruación, con el fin de eliminar cualquier tipo de sesgo negativo en el ámbito laboral”.
Además, tal y como recoge la ley, se consideran así patologías previamente diagnosticadas “la endometriosis, miomas, enfermedad inflamatoria pélvica, adenomiosis, pólipos endometriales, ovarios poliquísticos, o dificultad en la salida de sangre menstrual de cualquier tipo, pudiendo implicar síntomas como dispareunia, disuria, infertilidad, o sangrados más abundantes de lo normal, entre otros”.
Con esta ley se intenta “dar una regulación adecuada a esta situación patológica con el fin de eliminar cualquier tipo de sesgo negativo en el ámbito laboral”.
CRÍTICAS A DECISIÓN
Entre las voces críticas al anteproyecto de ley está el Partido Popular, de corte conservador y primera fuerza de la oposición política. Voceros de este partido han advertido del riesgo de marginación, estigmatización y consecuencias negativas en el mercado laboral para las mujeres.
En este sentido también se pronunció el portavoz del Sindicato Unión General de los Trabajadores UGT, el más grande de España. El sindicato cree que los empresarios discriminarán a la mujer en favor del hombre a la hora de contratar a alguien.
La nueva norma tiene aún un amplio recorrido antes de su entrada en vigor. Deberá de ser aprobada por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, volver al Consejo de Ministros y de ahí se enviará al Congreso de los Diputados donde debe ser consensuada, para ser ratificada finalmente por el Senado.
PAL