Las malas noticias le llegaron a todos los usuarios de Telegram en Brasil y por supuesto a la propia compañía. Ahora la Justicia brasileña suspendió de forma temporal los servicios de la aplicación. Esto debido a que —como se le acusa— la empresa no ha entregado los datos solicitados sobre los grupos neonazis que difunden mensajes de odio y violencia, al menos así lo han confirmado las fuentes oficiales. Quien pudo dar fe de este actuar fue el ministro del país sudamericano, Flávio Dino de Castro e Costa, quien confirmó que un tribunal fue el que tomó la decisión.
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Telegram podría recibir una fuerte sanción pecuniaria
Asimismo, el ministro de Justicia señaló que la compañía podría recibir una fuerte sanción pecuniaria, refiriéndose al pago de una multa directamente al Estado como castigo por haber cometido un delito. Y es que lo que argumenta es que la empresa no ha entregado a las autoridades los datos de los usuarios que mantienen perfiles de un claro corte "nazi y neonazi". Según Flávio Dino, "la Policía Federal pidió y el Poder Judicial aceptó" dicha medida, porque "eso está en la base de la violencia que se ha desatado contra los niños y los adolescentes" en Brasil.
Hay una creciente ola de ataques y amenazas contra las escuelas
La situación es demasiado alarmante debido a que la comunicación de estos perfiles liberó una ola de ataques y amenazas contra escuelas, lo cual comenzó a inicios de este año. Detallan que ya ha causado incidentes graves en los centros educativos de varias regiones del país. Por ejemplo, el más grave de los ataques ocurrió en la ciudad de Blumenau, en el sur del país, donde un hombre de 25 años ingresó armado con un hacha a una guardería y asesinó a 4 niños e hirió a otros 5.
Es por ello que el Gobierno de Brasil ha atribuido esos ataques —así como las miles de amenazas difundidas en Internet— a la amenazante actividad de los grupos nazis y de ultraderecha que operan en el país. Se sabe que se ponen de acuerdo por servicios de mensajería —como Telegram— o en las redes sociales. Las autoridades han catalogado esta situación como "un estado de emergencia", y por ello el Ministerio de Justicia endureció a —principios de este mes— las normas que rigen la actividad de las redes sociales en el país.
Ahora, de acuerdo a la nueva normativa, todas las empresas de redes sociales deberán de ser más estrictas con sus contenidos. Asimismo deberán fiscalizar el grado de "amenaza" y colaborar "inmediatamente" con la Policía en la debida "identificación" de usuarios "peligrosos", entre otras exigencias. Ese último punto, según la Justicia, no fue cumplido por Telegram y es lo que justifica la sanción anunciada este miércoles 26 de abril. El propio ministro Flávio Dino dijo que, cuando anunció esas medidas, esas compañías "son proveedoras de servicios y son responsables política, social y jurídicamente, pues seleccionan los contenidos" además de recalcar que son ellas las que "tienen influencia en lo que circula en Internet".
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