Este viernes, en el marco del Día de la Tierra, la COP2 de Escazú eligió a las personas integrantes de su comité de cumplimiento e implementación, en el segundo aniversario de la entrada en vigor del convenio regional que protege los derechos de información, participación y justicia en asuntos ambientales, y en especial los de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional del que México es parte, junto con otros 12 países de la región de América Latina y el Caribe. Este acuerdo regional tiene como objetivo la garantía del derecho a un medio ambiente sano mediante la implementación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en los países miembros.
Además de ser el primero en el mundo en proteger expresamente los derechos de las personas defensoras en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021, es decir, en aquel Día de la Tierra comenzó su obligatoriedad para los países, y a la fecha diez países de la región firmantes del tratado no lo han ratificado.
Entre el 19 y el 21 de abril de 2023, se llevó a cabo la segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP2) en Buenos Aires, Argentina. Aunque según las reglas de operación de la Conferencia de las Partes, el máximo órgano deliberativo y de decisión del Acuerdo de Escazú que se compone por los países Parte, se deberá reunir de forma ordinaria por lo menos cada dos años.
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En este caso, se trata de una reunión extraordinaria que tiene por objeto elegir a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y conocer cualquier otro asunto que las partes decidan.
Este Comité es un órgano independiente en la estructura institucional del Acuerdo de Escazú, y tiene por objeto evaluar y analizar el cumplimiento e implementación del tratado por los países Parte, y generar las recomendaciones necesarias para apoyar su implementación.
Es así que en el desarrollo de la COP2, este viernes la COP eligió por consenso a las siete personas integrantes del Comité, provenientes de Chile, Uruguay, Granada, Costa Rica, Argentina, Jamaica y Panamá. Se espera que este comité acompañe el cumplimiento continuo de las Partes de este acuerdo, para evitar que se convierta en letra muerta.
Aunque el objeto principal de esta reunión extraordinaria fue la integración de Comité, en la COP2 se llevaron a cabo sesiones especiales para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas entre los países miembros y organismos internacionales. Asimismo, se dio seguimiento a algunas decisiones de la COP1, destacando los avances del Acuerdo de Escazú en relación con las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y los arreglos financieros necesarios para su funcionamiento.
Es fundamental resaltar la participación activa en la Conferencia de mujeres, personas indígenas, personas defensoras de derechos humanos, juventud y otras representantes del público, quienes expresaron la urgencia de poner en marcha el Acuerdo, y de la debida atención y participación de grupos en situación de vulnerabilidad en las diversas realidades a lo largo de la región.
Finalmente, las Partes adoptaron la “Declaración de Buenos Aires”, una declaración política de compromiso de los países para cumplir con las metas del Acuerdo.
Debido a la fecha de su entrada en vigor, al menos cada dos años se reunirá la Conferencia de las Partes de Escazú alrededor del Día de la Tierra del año en curso, recordatorio de las tareas pendientes que tiene la región para la protección de la vida en el planeta.
La siguiente reunión ordinaria del Acuerdo, la COP3, se llevará a cabo del 22 al 24 de abril de 2024 en Santiago de Chile, sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de dar seguimiento y acompañar el desarrollo administrativo del Acuerdo de Escazú.
Por: Luis Paz Flores. Consultor en derecho ambiental y movilidad sostenible. Abogado por la UNAM, y maestro en derecho ambiental por la Universidad de Nottingham del Reino Unido, como becario Chevening.