El gobierno francés defendió este domingo la aprobación de la polémica reforma de las pensiones por decreto, en la víspera de un voto clave en el Parlamento, con dos mociones de censura que determinarán el futuro del ejecutivo del presidente Emmanuel Macron.
Macron aspira a subir la edad de jubilación de 62 a 64 años y a aumentar a 43 los años de cotización necesarios para recibir una pensión completa, una medida que ha generado una oleada de manifestaciones en el país.
Tras semanas de movilizaciones en las calles, el gobierno utilizó esta semana una disposición constitucional -- el artículo 49.3 de la Constitución -- que permite eludir el voto parlamentario para aprobar la reforma.
Tras esta controvertida maniobra, diputados de fuerzas opositoras presentaron dos mociones de censura contra el gobierno y miles de manifestantes volvieron a salir a las calles en varias ciudades del país.
En París, la policía ordenó el sábado cerrar la céntrica Plaza de la Concordia, situada frente al Parlamento, tras dos noches sucesivas de protestas que terminaron con disturbios y enfrentamientos.
El gobierno de Macron carece de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, la cámara baja, aunque sus diputados formen el primer bloque. Para que se apruebe una moción de censura, es necesario que toda la oposición se una.
"Será el momento de verdad. ¿Vale la reforma de las pensiones la caída del gobierno y el desorden político? La respuesta es claramente no", declaró el ministro de Economía, Bruno Le Maire, en el diario Le Parisien.
El ministro del Trabajo, Olivier Dussopt, confía en que no habrá una unión entre los opositores de izquierda, de derecha y de extrema derecha alrededor de una moción de censura, por lo que fracasarán.
"Para ello, tendría que reunir una coalición de los 'contrarios a', de los 'anti', para obtener una mayoría muy heterogénea sin línea política común", opinó en el rotativo Journal du dimanche, defendiendo una vez más una reforma destinada, según él, a salvar el "sistema de jubilación".
Buscan recrear el vínculo
La aprobación de cualquiera de las mociones de censura anularía el decreto presidencial y obligaría a la primera ministra, Elisabeth Borne, a presentar su renuncia.
El gobierno afirma que la reforma es necesaria para evitar ahondar en el déficit en las próximas décadas en las que Francia enfrenta un envejecimiento de la población.
Pero los detractores afirman que la reforma supone una carga injusta para los trabajadores con bajos salarios, las mujeres y las personas con empleos que suponen un desgaste físico.
La oposición de izquierda busca proyectarse más allá del lunes para evitar que las protestas pierdan peso en caso de que fracasen las mociones de censura.
"La lucha seguirá sea cual sea el resultado", aseguró el líder izquierdista del partido La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, en la emisora RTL.
"Nunca diré que debemos dejar de manifestarnos, mientras se siga proponiendo la reforma de los 64 años, debemos continuar", insistió.
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